Las diputaciones desconfían de Lakua de cara a la reunión de hoy

Las diputaciones forales desconfían de la pretensión del Gobierno Vasco de tener acceso directo a los datos de los contribuyentes dentro de un programa interinstitucional de lucha contra el fraude fiscal. Las Haciendas forales tienen plena autonomía en ese ámbito y son las únicas autoridades competentes para inspeccionar los datos fiscales de empresas y personas de su territorio. Las normativas forales impiden la cesión de esa información a terceros, ni siquiera comunicarlos parcialmente.

Además, la Ley de Protección de Datos restringe aún más las comunicaciones de los ficheros con datos personales. De hecho, la Agencia Vasca de Protección de Datos realiza un férreo marcaje a las diputaciones para que sólo un reducido número de funcionarios tenga acceso a los datos de los contribuyentes.

Sin embargo, la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, confirmó ayer que el Ejecutivo pretende activar un protocolo informático cruzado que le permita acceder a los datos fiscales de las tres diputaciones. Es una idea a estudiar y negociar, vino a decir Mendia para amortiguar el malestar que generó en las diputaciones la filtración a la prensa del planteamiento, que todavía no ha sido propuesto oficialmente a las administraciones con competencia en la materia.

Es posible que la cuestión ocupe hoy parte de la reunión prevista del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) un foro técnico al que se le está trasladando los últimos meses demasiada presión política.

sin base legal Al parecer, Lakua se agarra a la letra del Artículo 13 de la Ley de Armonización, Coordinación y Colaboración fiscal de 1989 obviando su espíritu. Aquella norma pretendía dar sustento legal a los planes de inspecciones conjuntas que realizaban las diputaciones.

Un año después se modificó la Ley del Concierto y se aprobó el denominado régimen de acta única y cada Diputación es responsable exclusiva de todo lo concerniente al ámbito tributario en su territorio. Ya no hay planes conjuntos de inspección. Aunque el artículo en cuestión no fue derogado, quedó anulado a efectos prácticos a partir de ese momento.

Posteriormente, en las últimas normas generales aprobadas por las instituciones forales se estrechó más el margen de transmisión de datos fiscales entre administraciones. Se acotó su utilización a actividades tributarias -ámbito competencial exclusivo de las diputaciones- y se ciñó su "cesión y comunicación a terceros" a actuaciones muy concretas, entre ellas las investigaciones judiciales o policiales.

Con estos precedentes, fuentes de la Diputación de Gipuzkoa y Bizkaia mostraron ayer su disposición a colaborar con el Ejecutivo vasco dentro de los cauces de la legalidad en la lucha contra el fraude, pero cuestionaron las verdaderas intenciones del Gabinete López.

Fuente: Noticias de Gipuzkoa
Fecha: 22/07/2010