Mientras la izquierda parlamentaria blandió en su discurso la eliminación de puestos de trabajo en las autopistas que conllevaría la progresiva implantación del dispositivo electrónico de cobro de peaje y el negativo efecto económico que tendría sobre familias y empresas el pago por utilizar autovías hasta ahora gratuitas, el PSD centró su argumentación en materia de derechos civiles. La formación de centroderecha recordó que la normativa aprobada por el Gobierno ensalzaba la utilización del llamado chip por los efectos de seguridad que podía haber aportado, al controlar la identificación de los vehículos que circulasen por todo el país. El texto citaba sus virtudes para encontrar coches robados, sin seguro o incluso aplicaciones de seguridad vial. Y aunque el Ejecutivo renunció ayer a utilizar la información que suministrasen los dispositivos para ningún otro fin que no fuese cobrar la utilización de las autovías, la oposición aseguró no contar con garantías de dicha intención.

Comunistas y PSD recordaron que la Comisión Nacional de Protección de Datos emitió un informe en el que manifestaba sus dudas legales respecto al uso de los datos que aportaría el chip, instando por ello al Gobierno a permitir elegir a los automovilistas otro medio anónimo como el peaje manual.

El Gobierno, en todo caso, piensa en volver a llevar el polémico sistema al Parlamento si alcanza un acuerdo con el PSD, pero este partido advirtió ayer «no estar para trapalladas».

Fuente: La Voz de Galicia
Fecha: 25/06/2010