Las tiendas graban a sus clientes, los restaurantes a sus comensales y los edificios a sus vecinos. Cada paso que da el ciudadano queda registrado en miles de cámaras de videovigilancia repartidas por toda la provincia. Tratan de garantizar la seguridad de establecimientos, mercancías y usuarios, pero lo más llamativo es su vertiginoso ascenso. En sólo cinco meses, se han instalado 476 nuevas cámaras, es decir, su presencia ha aumentado un 28%. La intimidad queda relegada a un segundo plano en beneficio de una mayor tranquilidad para los malagueños.
Su uso es imparable, tanto las de titularidad privada como las de organismos e instituciones públicas. En enero de 2010, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tenía registrados 1.702 archivos de videovigilancia, que a fecha del 31 de mayo han ascendido hasta los 2.178 - 27 de titularidad pública-. Con estos datos, Málaga se sitúa como la tercera provincia española con más cámaras de seguridad, tras Madrid y Barcelona. Respecto a Andalucía, casi duplica en número a la segunda, Sevilla.
La mayoría de las cámaras se concentran en los comercios, alrededor de una quinta parte. Tras ellos, empresas de turismo y hostelería, comunidades de propietarios, sanidad e industria química y farmacéutica. El presidente de la Federación de Comercio de Málaga (Fecoma), Enrique Gil, achaca la tendencia de los malagueños a poner pequeños observadores en sus establecimientos a las subvenciones concedidas para este fin y no tanto a un incremento de robos y delincuencia.
Subvenciones
Fecoma, que aglutina a más de siete mil negocios de la provincia, impulsó un acuerdo con la Asociación Malagueña de Empresas de Seguridad para abaratar los costes de asesoramiento y prestación de servicios técnicos alusivos a la seguridad. Asimismo, la Junta de Andalucía les subvenciona hasta el 50% de la instalación de sistemas de seguridad. «Muchos comercios se han aprovechado de este incentivo. Es un sistema que necesitábamos desde hace años, pero que tenía un coste muy alto», explica Gil.
De media, un sistema que ofrezca las suficientes garantías de fiabilidad puede rondar los cinco mil euros. A cambio, puede ser la clave que disuada a los ladrones. «Sirve para controlar un poco los pequeños hurtos y estar prevenidos por si estas personas vuelven», asegura la encargada de una tienda de complementos de la calle Especerías, en el centro de la capital. Otras veces, las cámaras no sólo vigilan a clientes con posibles malas intenciones, sino que captan la actividad de sus empleados y las relaciones que mantienen con las cajas registradoras.
Pero no sólo en los establecimientos comerciales se teme por los intrusos. Las comunidades de vecinos optan cada vez más por incluir en la factura común los gastos por registrar imágenes de los accesos a las zonas comunes y a sus aparcamientos. Bajar en bata y zapatillas a tirar la basura ya no es tan íntimo como antaño.
La liberalización del sector también ha contribuido a su puesta de moda. Hasta diciembre, era imprescindible que la captación de imágenes estuviera contratada con empresas acreditadas ante el Ministerio del Interior, pero la 'Ley Ómnibus', suprimió estas exigencias. En la actualidad, puede instalarlas cualquiera, siempre que no implique una conexión con centrales de alarma, se inscriba en la AEPD y se implanten otras medidas de seguridad.
Fuente: Diario Sur
Fecha: 16/06/2010
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