El derecho a la intimidad es una cuestión que cada vez preocupa más a los coruñeses, y buena muestra de ello es que, en sólo doce meses, las denuncias presentadas ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se multiplicaron por cuatro en la provincia de A Coruña, al pasar de las 38 registradas en 2008 a las 157 contabilizadas el año pasado, según se desprende de la última memoria del organismo, que además revela que internet, las listas de morosos y la videovigilancia encabezan las reclamaciones
¿Hasta qué punto tienen derecho las Administraciones a colocar cámaras de videovigilancia frente al portal de su casa? ¿Cómo es posible que una empresa, que usted ni siquiera conoce, pueda bombardear su buzón con folletos publicitarios? ¿Puede aparecer su nombre en un fichero de morosos cuando el impago aún está pendiente de recurso o usted no ha sido informado? ¿Es lícito que sus datos sigan apareciendo en los buscadores de internet aunque usted haya solicitado su retirada de la Red? El derecho a la intimidad es una cuestión que cada vez preocupa más a los coruñeses, y buena muestra de ello es que, en sólo doce meses, las denuncias presentadas ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se multiplicaron por cuatro en A Coruña, al pasar de las 38 registradas en 2008 a las 157 contabilizadas el año pasado, según se desprende de la última memoria del organismo, correspondiente a 2009. La provincia coruñesa copa, además, más de la mitad de las 280 quejas presentadas en Galicia (concretamente, el 56%), seguida, a bastante distancia, por Pontevedra, donde se denunciaron 74 posibles irregularidades. Lugo y Ourense, por su parte, sólo registraron 25 y 24 denuncias, respectivamente.
El aumento de las denuncias por posibles vulneraciones de la ley de protección de datos no se reduce a la provincia de A Coruña y Galicia, sino que se extiende al resto de España, donde se contabilizaron, en total, 4.073 quejas, frente a las 1.107 registradas en 2008.
Aunque las sanciones también van en aumento, el número es todavía mucho menor. Poco más de 700 en todo el Estado, de las que ocho se impusieron en A Coruña (sólo dos más que el año anterior), las mismas que en Pontevedra, mientras que en Ourense fueron dos y en Lugo, una. Además, para dar un paso más allá y adelantarse a cualquier tipo de incumplimiento, 119 gallegos (55, en la provincia de A Coruña) solicitaron a la AEPD la tutela de sus derechos, tanto para acceder a bases de datos -desde registros de morosos a una historia clínica-, como para cancelar información que circulaba sobre ellos -por ejemplo, en internet-.
Por sectores de actividad con mayor número de denuncias e investigaciones, destacan el de las telecomunicaciones y el de las entidades financieras, con 908 y 768 quejas en toda España, respectivamente. En tercer lugar se situó la videovigilancia, que continúa su ascenso al pasar de 365 denuncias en 2008 a 721 en 2009. A continuación, se encuentran las Administraciones Públicas, seguidas de la publicidad electrónica. En la esfera de la morosidad, se incrementaron en un 225% las denuncias de ciudadanos cuyos datos habían sido tratados de forma indebida.
La memoria de la AEPD destaca, además, el significativo incremento de las investigaciones y denuncias presentadas por internautas y usuarios de redes sociales como Facebook y Tuenti, sobre todo por la difusión de fotografías sin consentimiento. El año pasado se iniciaron en toda España 156 investigaciones relacionadas con internet, redes sociales (31 denuncias) y otros sitios como foros, portales de anuncios, de vídeos como Youtube de contactos personales, servicios de correo electrónico, sedes corporativas, repertorios jurídicos o páginas personales.
Fuente: La Opinión Coruña
Fecha: 03/06/2010
miércoles, 30 de junio de 2010
La Agencia de Protección de Datos visita el Ayuntamiento de Algete
Un representante de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (APDCM) visitó el Ayuntamiento de Algete para revisar los procedimientos que el Ayuntamiento está realizando con los datos personales que recoge mediante diversas vías, así como de las inscripciones que desde el Ayuntamiento se han realizado en la APDCM, todo ello enmarcado dentro de la Ley 15/99.
“Desde hace ya bastante tiempo venimos trabajando de la mano de la Comunidad de Madrid en pro de cumplir, sin que quede un resquicio de duda para nuestros vecinos, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, por eso en el mes de Noviembre de 2009 en el Pleno Municipal aprobamos una ordenanza de Creación de Ficheros de Carácter Personal, inexistente hasta esa fecha, así como la actualización e inclusión de los ficheros que contenían cualquier dato personal, como el del Padrón, IBI, Ciudadanos, Terceros, Nóminas, etc…”, señala David Erguido, Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Nuevas Tecnologías.
Al hilo de esa aprobación y posterior publicación en el BOCAM nº 276 de 20 de noviembre de 2009, el Ayuntamiento de Algete y la APDCM está trabajando de manera conjunta para seguir creando ficheros que sean susceptibles de estar protegidos. Para agilizar todos los tramites con la Agencia, el Ayuntamiento se ha dado de alta en el programa CUMPLE, un programa que facilitará la declaración de ficheros con datos de carácter personal en el Registro de Ficheros de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid.
Esta visita de la APDCM, “solo vino a certificar lo que ya sabíamos que los datos de nuestros vecinos están seguros, ya que cumplimos con los procedimientos que nos exige la Ley”, concluyó David Erguido.
Fuente: Cronica Norte
Fecha: 28/06/2010
“Desde hace ya bastante tiempo venimos trabajando de la mano de la Comunidad de Madrid en pro de cumplir, sin que quede un resquicio de duda para nuestros vecinos, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, por eso en el mes de Noviembre de 2009 en el Pleno Municipal aprobamos una ordenanza de Creación de Ficheros de Carácter Personal, inexistente hasta esa fecha, así como la actualización e inclusión de los ficheros que contenían cualquier dato personal, como el del Padrón, IBI, Ciudadanos, Terceros, Nóminas, etc…”, señala David Erguido, Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Nuevas Tecnologías.
Al hilo de esa aprobación y posterior publicación en el BOCAM nº 276 de 20 de noviembre de 2009, el Ayuntamiento de Algete y la APDCM está trabajando de manera conjunta para seguir creando ficheros que sean susceptibles de estar protegidos. Para agilizar todos los tramites con la Agencia, el Ayuntamiento se ha dado de alta en el programa CUMPLE, un programa que facilitará la declaración de ficheros con datos de carácter personal en el Registro de Ficheros de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid.
Esta visita de la APDCM, “solo vino a certificar lo que ya sabíamos que los datos de nuestros vecinos están seguros, ya que cumplimos con los procedimientos que nos exige la Ley”, concluyó David Erguido.
Fuente: Cronica Norte
Fecha: 28/06/2010
El IB-Salut denunciará hoy el saqueo del Verge del Toro
El IB-Salut interpondrá hoy mismo una denuncia en la Comisaría de Maó por los actos vandálicos producidos en las instalaciones del antiguo hospital Verge del Toro y que se saldaron el pasado fin de semana con la aparición en plena calle de informes de asistencia del 061 con datos personales de pacientes.
Así lo confirmaron fuentes del IB-Salut de Menorca tras admitir que dichos papeles en ningún caso deberían estar “esparcidos por la calle”, si bien insistieron a continuación que no se trata de datos estrictamente confidenciales, sino de “documentos utilizados en los traslados de las ambulancias” y que, en su caso, la custodia dependería de la empresa concesionaria del servicio. Las mismas fuentes recalcaron que posiblemente se “traspapelaron de forma accidental” durante el cambio a las nuevas dependencias hospitalarias del Mateu Orfila y el saqueo y los actos vandálicos sufridos por el “Verge del Toro” han sacado a la luz. En este sentido, subrayaron la dificultad de controlar los actos de gamberrismo que se están cebando con la vieja residencia. No obstante, ayer mismo el IB-Salut procedió a colocar una plancha de madera en la puerta y la ventana de la antigua caseta utilizada por el personal del 061, de donde previsiblemente salieron los informes asistenciales encontrados en plena calle.
Desde el IB-Salut también insistieron en que el centro hospitalario menorquín cuenta con un certificado de calidad ISO que acredita la confidencialidad de los historiales clínicos y, por tanto, recalcaron, que los datos personales de los pacientes que maneja, están perfectamente custodiados.
El PP pide responsabilidades
El presidente del Partido Popular en Maó, Simón Gornés, exigió ayer responsabilidades al IB-Salut por haber vulnerado el deber de custodia de una documentación confidencial de titularidad pública a la que está obligado como exige la Ley de Archivos y Patrimonio documental de les Illes Balears. Gonés, insistió en que esta dejación de funciones implica una sanción administrativa “muy grave”, cuya multa puede oscilar entre los 50.000 y 600.000 euros.
Los populares exigieron además que de forma “urgente e inmediata” se tomen las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la antigua residencia hospitalaria y su contenido. Asimismo, reclamaron el cumplimiento de los acuerdos institucionales adoptados en los plenos de los ayuntamientos de Menorca, el Consell y el Parlament sobre el futuro destino del inmueble y su conversión en un centro sociosanitario. Al respecto, el Partido Popular recordó ayer que en mayo de 2009, el Govern ya anunció la redacción de un plan de usos y en enero de este mismo año, el director general de Planificación y Financiación de la Consellería Balear de Salud, Juli Fuster, avanzó que buena parte de esos usos están recogidos en el Plan de Autonomía 2010-2017 presentado por el Consell de Menorca en una reunión de la Junta de Alcaldes. Igualmente, los populares relataron que el pasado mes de abril instaron al Govern en el Parlament a redactar el plan de usos en un período máximo de tres meses, (plazo que finaliza a finales de julio) y el 27 de abril también se aprobó un mandato parlamentario que insistía en la necesidad de evitar la degradación del edificio. “A pesar de todos estos acuerdos, no se ha hecho nada para evitar el expolio”, lamentó Simón Gornés.
Fuente: Menorca.info
Fecha: 29/06/2010
Así lo confirmaron fuentes del IB-Salut de Menorca tras admitir que dichos papeles en ningún caso deberían estar “esparcidos por la calle”, si bien insistieron a continuación que no se trata de datos estrictamente confidenciales, sino de “documentos utilizados en los traslados de las ambulancias” y que, en su caso, la custodia dependería de la empresa concesionaria del servicio. Las mismas fuentes recalcaron que posiblemente se “traspapelaron de forma accidental” durante el cambio a las nuevas dependencias hospitalarias del Mateu Orfila y el saqueo y los actos vandálicos sufridos por el “Verge del Toro” han sacado a la luz. En este sentido, subrayaron la dificultad de controlar los actos de gamberrismo que se están cebando con la vieja residencia. No obstante, ayer mismo el IB-Salut procedió a colocar una plancha de madera en la puerta y la ventana de la antigua caseta utilizada por el personal del 061, de donde previsiblemente salieron los informes asistenciales encontrados en plena calle.
Desde el IB-Salut también insistieron en que el centro hospitalario menorquín cuenta con un certificado de calidad ISO que acredita la confidencialidad de los historiales clínicos y, por tanto, recalcaron, que los datos personales de los pacientes que maneja, están perfectamente custodiados.
El PP pide responsabilidades
El presidente del Partido Popular en Maó, Simón Gornés, exigió ayer responsabilidades al IB-Salut por haber vulnerado el deber de custodia de una documentación confidencial de titularidad pública a la que está obligado como exige la Ley de Archivos y Patrimonio documental de les Illes Balears. Gonés, insistió en que esta dejación de funciones implica una sanción administrativa “muy grave”, cuya multa puede oscilar entre los 50.000 y 600.000 euros.
Los populares exigieron además que de forma “urgente e inmediata” se tomen las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la antigua residencia hospitalaria y su contenido. Asimismo, reclamaron el cumplimiento de los acuerdos institucionales adoptados en los plenos de los ayuntamientos de Menorca, el Consell y el Parlament sobre el futuro destino del inmueble y su conversión en un centro sociosanitario. Al respecto, el Partido Popular recordó ayer que en mayo de 2009, el Govern ya anunció la redacción de un plan de usos y en enero de este mismo año, el director general de Planificación y Financiación de la Consellería Balear de Salud, Juli Fuster, avanzó que buena parte de esos usos están recogidos en el Plan de Autonomía 2010-2017 presentado por el Consell de Menorca en una reunión de la Junta de Alcaldes. Igualmente, los populares relataron que el pasado mes de abril instaron al Govern en el Parlament a redactar el plan de usos en un período máximo de tres meses, (plazo que finaliza a finales de julio) y el 27 de abril también se aprobó un mandato parlamentario que insistía en la necesidad de evitar la degradación del edificio. “A pesar de todos estos acuerdos, no se ha hecho nada para evitar el expolio”, lamentó Simón Gornés.
Fuente: Menorca.info
Fecha: 29/06/2010
La APDCAT dice que las videocámaras sólo trasladan de calle la delincuencia
La Agencia Catalana de Protección de Datos (APDCAT) considera que las cámaras de videovigilancia que se instalan por razones de seguridad en las calles no consiguen que la delincuencia se reduzca, sino simplemente que se traslade a otra zona.
Así lo ha asegurado, en una entrevista con Efe, Santiago Farré, jefe de la asesoría jurídica de la APDCAT, institución independiente que vela por el cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal.
Farré afirma que la videovigilancia "está de moda", ya que en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, este mes el Ayuntamiento ha anunciado la colocación de 16 nuevas cámaras en las zonas del Raval, la Rambla y el Gòtic.
Según Farré, se considera que poniendo una cámara en la calle se acaba con la inseguridad, pero esto no es cierto, ya que en la ciudad de Londres, por ejemplo, que es una de las más videovigiladas del mundo, no se han podido evitar atentados terroristas.
"El tema del terrorismo es difícil de evitar, pero es que poniendo una cámara tampoco se elimina la delincuencia, sino que simplemente se traslada de calle. No se soluciona el problema, sino que cambia de sitio", explica.
El problema reside, según el experto, en que para dar una sensación de seguridad se está afectando al derecho a la privacidad de las personas, ya que dichas cámaras captan la vida de la gente.
"Nosotros no decimos si el número de cámaras tiene que ampliarse o reducirse, pero sí creemos que tiene que haber sólo las necesarias, es decir, aquellas cuya utilidad se haya demostrado. Si pese a la videovigilancia sigue habiendo el mismo índice delincuencia; quiere decir estamos sacrificando el derecho a la privacidad de las personas", explica.
En cuanto a otras intrusiones en el derecho a la protección de datos de las personas, Farré explica que se ha de tener mucho cuidado con Internet, ya que no se puede controlar por dónde circula la información que damos en la red.
El experto señala en este punto que "el derecho al olvido en Internet es muy difícil", ya que cuesta mucho eliminar una información de la red una vez se ha publicado.
"Esto hay que tenerlo en cuenta porque en Internet, y sobre todo en las redes sociales, creamos un currículum vital que puede ver mucha gente y en el que salen cosas tanto positivas como negativas", advierte.
Farré explica asimismo que hay que saber que las redes sociales "no son una ONG".
"Las personas tienen que ser conscientes de que la información personal que dan tiene un valor, y que las empresas que están detrás de las redes sociales comercializan con dicha información, ya que realizan publicidad personalizada", apunta.
Por otro lado, Farré recomienda a los padres tener especial cuidado con los menores en el uso de la red.
"Estos son grandes conocedores de las tecnologías de la información, a menudo más que los adultos, pero la mayoría no son conscientes de las consecuencias de sus actos. Por ello hay que vigilar el uso que hacen de Internet", aconseja.
En cuanto a las empresas de telefonía o publicidad que cometen irregularidades con la protección de datos, Farré explica que hay formas de evitar las llamadas comerciales, solicitando que ante nuestro número en la guía telefónica aparezca una letra U, que impide su utilización a empresas de publicidad, o apuntando nuestro número en la denominada Lista Robinson, para no recibir ese tipo de información.
Aunque Farré recuerda por último que, como siempre, la prevención es lo más aconsejable.
"Muchas veces damos nuestro consentimiento a que utilicen nuestros datos porque no nos apetece leer las cláusulas que nos envían. Aunque también hay algunas que son abusivas, y entonces hay que tomarse la molestia de denunciarlas", concluye.
Fuente: ABC
Fecha: 27/06/2010
Así lo ha asegurado, en una entrevista con Efe, Santiago Farré, jefe de la asesoría jurídica de la APDCAT, institución independiente que vela por el cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal.
Farré afirma que la videovigilancia "está de moda", ya que en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, este mes el Ayuntamiento ha anunciado la colocación de 16 nuevas cámaras en las zonas del Raval, la Rambla y el Gòtic.
Según Farré, se considera que poniendo una cámara en la calle se acaba con la inseguridad, pero esto no es cierto, ya que en la ciudad de Londres, por ejemplo, que es una de las más videovigiladas del mundo, no se han podido evitar atentados terroristas.
"El tema del terrorismo es difícil de evitar, pero es que poniendo una cámara tampoco se elimina la delincuencia, sino que simplemente se traslada de calle. No se soluciona el problema, sino que cambia de sitio", explica.
El problema reside, según el experto, en que para dar una sensación de seguridad se está afectando al derecho a la privacidad de las personas, ya que dichas cámaras captan la vida de la gente.
"Nosotros no decimos si el número de cámaras tiene que ampliarse o reducirse, pero sí creemos que tiene que haber sólo las necesarias, es decir, aquellas cuya utilidad se haya demostrado. Si pese a la videovigilancia sigue habiendo el mismo índice delincuencia; quiere decir estamos sacrificando el derecho a la privacidad de las personas", explica.
En cuanto a otras intrusiones en el derecho a la protección de datos de las personas, Farré explica que se ha de tener mucho cuidado con Internet, ya que no se puede controlar por dónde circula la información que damos en la red.
El experto señala en este punto que "el derecho al olvido en Internet es muy difícil", ya que cuesta mucho eliminar una información de la red una vez se ha publicado.
"Esto hay que tenerlo en cuenta porque en Internet, y sobre todo en las redes sociales, creamos un currículum vital que puede ver mucha gente y en el que salen cosas tanto positivas como negativas", advierte.
Farré explica asimismo que hay que saber que las redes sociales "no son una ONG".
"Las personas tienen que ser conscientes de que la información personal que dan tiene un valor, y que las empresas que están detrás de las redes sociales comercializan con dicha información, ya que realizan publicidad personalizada", apunta.
Por otro lado, Farré recomienda a los padres tener especial cuidado con los menores en el uso de la red.
"Estos son grandes conocedores de las tecnologías de la información, a menudo más que los adultos, pero la mayoría no son conscientes de las consecuencias de sus actos. Por ello hay que vigilar el uso que hacen de Internet", aconseja.
En cuanto a las empresas de telefonía o publicidad que cometen irregularidades con la protección de datos, Farré explica que hay formas de evitar las llamadas comerciales, solicitando que ante nuestro número en la guía telefónica aparezca una letra U, que impide su utilización a empresas de publicidad, o apuntando nuestro número en la denominada Lista Robinson, para no recibir ese tipo de información.
Aunque Farré recuerda por último que, como siempre, la prevención es lo más aconsejable.
"Muchas veces damos nuestro consentimiento a que utilicen nuestros datos porque no nos apetece leer las cláusulas que nos envían. Aunque también hay algunas que son abusivas, y entonces hay que tomarse la molestia de denunciarlas", concluye.
Fuente: ABC
Fecha: 27/06/2010
sábado, 26 de junio de 2010
Detenido por espionaje al Gobierno un ex alto cargo de Industria con el PNV
Efectivos de la Ertzaintza detuvieron ayer por orden judicial a Antton Zubiaurre, ex director general de la sociedad pública Sprilur -encargada de la gestión de suelo industrial- con el Gobierno de Ibarretxe, por un presunto delito de espionaje informático a altos cargos del actual Ejecutivo socialista. La Policía vasca ha comprobado que varios ordenadores del grupo Spri -entre ellos el del propio director de la sociedad, Tomás Orbea- habían sido 'hackeados' con un programa espía, lo que permitía que su contenido fuese vigilado a través de Internet con acceso, incluso, a su correo electrónico.
El detenido, padre del jugador del Athletic de Bilbao Iban Zubiaurre, fue puesto a disposición de un juzgado de la capital vizcaína cuya titular decretó su libertad con cargos. Al parecer, se negó a declarar. La Ertzaintza también tenía orden de detención contra un empleado de Sprilur, I. U., que trabajó como chófer de Zubiaurre cuando éste dirigía la empresa y que en la actualidad desarrolla trabajos en el área comercial. No pudo ser localizado por los agentes encargados de su detención, pero se presentó de forma voluntaria ante el juzgado a primeras horas de la tarde. También fue puesto en libertad con cargos y, al igual que en el caso de Zubiaurre, se desconoce la imputación exacta que pesa sobre ellos. La responsable del juzgado que instruye las diligencias se negó a aclarar estos extremos con el argumento de que ha decretado el secreto del sumario.
Programas espía
Las fuentes consultadas por EL CORREO aseguran que el barrido informático realizado por la Ertzaintza ha permitido descubrir que «algunos ordenadores clave» del Departamento de Industria tenían ese programa espía. Entre ellos se encuentran los de los principales directivos del grupo Spri, que accedieron a estos puestos tras la renovación del Gobierno autónomo, en mayo de 2009. Dichos equipos se encuentran en el edificio habilitado por el Ejecutivo en Bilbao para albergar sus empresas públicas, en la plaza Bizkaia, enfrente de La Alhóndiga.
Las investigaciones comenzaron hace aproximadamente cuatro meses, después de que los responsables de la Spri -la sociedad pública que concentra las actividades de promoción empresarial, gestión de parques tecnológicos y suelo industrial- detectasen algunas anomalías en sus ordenadores que les hicieron sospechar que habían caído en manos de un 'hacker' informático. La consejería de Industria que dirige Bernabé Unda presentó denuncia en un juzgado y la Brigada de Delitos Informáticos de la Policía autónoma fue encargada de desarrollar la investigación. Los expertos policiales instalaron sus propios sistemas de detección para trazar el origen del acceso a esos ordenadores, lo que les ha permitido identificar a varios presuntos implicados en la operación. De hecho, medios judiciales no descartan que se produzcan nuevas detenciones en el curso de los próximos días.
Alcalde de Mendaro
El principal implicado en el caso, Antton Zubiaurre, fue apartado de la dirección de Sprilur a mediados de 2008, en un relevo que oficialmente se justificó debido a su delicado estado de salud, ya que había sufrido varias crisis cardiacas. Algunas fuentes, sin embargo, apuntan que el ex directivo de la empresa pública mantenía también diversas actividades en el ámbito de compañías privadas que rayaban en la incompatibilidad con sus responsabilidades como alto cargo.
Militante del PNV guipuzcoano, fue alcalde de la localidad de Mendaro entre 1991 y 1999 y permaneció otros tres años más en la corporación municipal como concejal, hasta su dimisión en 2002.
Fuente: El Correo
Fecha: 26/06/2010
El detenido, padre del jugador del Athletic de Bilbao Iban Zubiaurre, fue puesto a disposición de un juzgado de la capital vizcaína cuya titular decretó su libertad con cargos. Al parecer, se negó a declarar. La Ertzaintza también tenía orden de detención contra un empleado de Sprilur, I. U., que trabajó como chófer de Zubiaurre cuando éste dirigía la empresa y que en la actualidad desarrolla trabajos en el área comercial. No pudo ser localizado por los agentes encargados de su detención, pero se presentó de forma voluntaria ante el juzgado a primeras horas de la tarde. También fue puesto en libertad con cargos y, al igual que en el caso de Zubiaurre, se desconoce la imputación exacta que pesa sobre ellos. La responsable del juzgado que instruye las diligencias se negó a aclarar estos extremos con el argumento de que ha decretado el secreto del sumario.
Programas espía
Las fuentes consultadas por EL CORREO aseguran que el barrido informático realizado por la Ertzaintza ha permitido descubrir que «algunos ordenadores clave» del Departamento de Industria tenían ese programa espía. Entre ellos se encuentran los de los principales directivos del grupo Spri, que accedieron a estos puestos tras la renovación del Gobierno autónomo, en mayo de 2009. Dichos equipos se encuentran en el edificio habilitado por el Ejecutivo en Bilbao para albergar sus empresas públicas, en la plaza Bizkaia, enfrente de La Alhóndiga.
Las investigaciones comenzaron hace aproximadamente cuatro meses, después de que los responsables de la Spri -la sociedad pública que concentra las actividades de promoción empresarial, gestión de parques tecnológicos y suelo industrial- detectasen algunas anomalías en sus ordenadores que les hicieron sospechar que habían caído en manos de un 'hacker' informático. La consejería de Industria que dirige Bernabé Unda presentó denuncia en un juzgado y la Brigada de Delitos Informáticos de la Policía autónoma fue encargada de desarrollar la investigación. Los expertos policiales instalaron sus propios sistemas de detección para trazar el origen del acceso a esos ordenadores, lo que les ha permitido identificar a varios presuntos implicados en la operación. De hecho, medios judiciales no descartan que se produzcan nuevas detenciones en el curso de los próximos días.
Alcalde de Mendaro
El principal implicado en el caso, Antton Zubiaurre, fue apartado de la dirección de Sprilur a mediados de 2008, en un relevo que oficialmente se justificó debido a su delicado estado de salud, ya que había sufrido varias crisis cardiacas. Algunas fuentes, sin embargo, apuntan que el ex directivo de la empresa pública mantenía también diversas actividades en el ámbito de compañías privadas que rayaban en la incompatibilidad con sus responsabilidades como alto cargo.
Militante del PNV guipuzcoano, fue alcalde de la localidad de Mendaro entre 1991 y 1999 y permaneció otros tres años más en la corporación municipal como concejal, hasta su dimisión en 2002.
Fuente: El Correo
Fecha: 26/06/2010
La Agencia de Protección de Datos abre expediente al Ayuntamiento de Ronda
La Agencia Española de Protección de Datos considera que el Ayuntamiento de Ronda habría incumplido la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) al consentir la publicación de un parte de novedades de la Policía Local de Ronda, en el que aparecen datos personales del presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular (PP), Ignacio Vega, en 'La Gaceta del Lunes', una revista socio política que editaba la sociedad Andalusi, S. C. a nombre del alcalde de la ciudad del Tajo, Antonio Marín, y del ex secretario general del Partido Andalucista (PA), Antonio Pacheco. La Agencia establece que se habría producido una infracción del artículo 10 de la LOPD, según explicaron el concejal popular Jesús Vázquez y el responsable del área de Seguridad Ciudadana de la formación, Bernardo Crespo, tipificada como grave en el artículo 44.3.g) de la citada Ley.
La Agencia Española de Protección de Datos también especifica que el parte de la Policía Local de Ronda también apareció en Internet mediante la edición electrónica de 'La Gaceta del Lunes'. El Ayuntamiento de Ronda, según consta en el escrito de la Agencia, dice: «Según informa la Policía Local, los partes de novedades así como la documentación que se genera por la actividad policial se custodian en sus correspondientes archivos, bajo llave, los cuales se encuentran en las dependencias de la Policía Local, sitas en el edificio de Usos Múltiples. A estos archivos tienen acceso para realizar trámites de gestión burocrática, tanto los agentes de la Unidad Administrativa como los jefes de Servicio de Turno, no constando que por parte del Ayuntamiento se haya dado acceso del referido parte a la Sociedad Andalusi S. C.».
También en los Juzgados
El PP también llevó los hechos a los Juzgados. El alcalde y el ex secretario general del PA tendrán que declarar en calidad de imputados por un supuesto delito de revelación de secretos el próximo 17 de agosto. El parte de la Policía Local, que fue publicado el pasado 15 de junio de 2009 en 'La Gaceta del Lunes', recogía el nombre, lugar de residencia, dirección, edad y características del vehículo que conducía el presidente de NN GG del PP. El dirigente considera que se ha vulnerado su derecho a la intimidad con fines difamatorios.
Fuente: Diario Sur
Fecha: 25/06/2010
La Agencia Española de Protección de Datos también especifica que el parte de la Policía Local de Ronda también apareció en Internet mediante la edición electrónica de 'La Gaceta del Lunes'. El Ayuntamiento de Ronda, según consta en el escrito de la Agencia, dice: «Según informa la Policía Local, los partes de novedades así como la documentación que se genera por la actividad policial se custodian en sus correspondientes archivos, bajo llave, los cuales se encuentran en las dependencias de la Policía Local, sitas en el edificio de Usos Múltiples. A estos archivos tienen acceso para realizar trámites de gestión burocrática, tanto los agentes de la Unidad Administrativa como los jefes de Servicio de Turno, no constando que por parte del Ayuntamiento se haya dado acceso del referido parte a la Sociedad Andalusi S. C.».
También en los Juzgados
El PP también llevó los hechos a los Juzgados. El alcalde y el ex secretario general del PA tendrán que declarar en calidad de imputados por un supuesto delito de revelación de secretos el próximo 17 de agosto. El parte de la Policía Local, que fue publicado el pasado 15 de junio de 2009 en 'La Gaceta del Lunes', recogía el nombre, lugar de residencia, dirección, edad y características del vehículo que conducía el presidente de NN GG del PP. El dirigente considera que se ha vulnerado su derecho a la intimidad con fines difamatorios.
Fuente: Diario Sur
Fecha: 25/06/2010
viernes, 25 de junio de 2010
Los internautas deberán autorizar la publicidad online basada en comportamiento
Las autoridades Europeas de Protección de Datos han aprobado un nuevo dictamen en el que recomiendan a los preveedores de publicidad online basada en comportamiento (behavioural advertising) implantar mecanismos sencillos y eficaces para que los usuarios puedan decidir en todo momento si desean recibir este tipo de publicidad.
La publicidad basada en comportamiento analiza y utiliza la información de los hábitos de los usuarios de internet para elaborar un perfil detallado con el objetivo de ofrecer publicidad segmentada acorde a las preferencias y datos de estos perfiles.
Las autoridades Europeas consideran en este sentido que los sistemas empleados actualmente por los proveedores de publicidad online no son suficientes, pudiendo incurrir con ello en una invasión de la privacidad de los usuarios.
La recopilación de los datos sobre la actividad de los usuarios mientran navegan por internet pueden proporcionar una imagen detallada de la vida online de los mismos. Sin embargo, a pesar de ello, en el nuevo dictamen se señala que aunque este tipo de publicidad basada en comportamiento puede apotar ventajas incluso a los propios usuarios, su control para la protección de datos personales y la privacidad es importante.
Las autoridades recuerdan la directivas sobre privacidad en telecomunicaciones del 2009 en las que se introdujo la obligación de contar con el consentimiento informado de los usuarios antes de instalar mecanismos de información como los tradicionales 'cookies'.
El nuevo dictamen subraya en en este sentido que los proveedores de publicidad online basada en el comportamiento, cuando utilizan este tipo de mecanimos, están sometidos a las nuevas normas europeas sobre la privacidad electrónica.
Fuente: Puro Marketing
Fecha: 24/06/2010
La publicidad basada en comportamiento analiza y utiliza la información de los hábitos de los usuarios de internet para elaborar un perfil detallado con el objetivo de ofrecer publicidad segmentada acorde a las preferencias y datos de estos perfiles.
Las autoridades Europeas consideran en este sentido que los sistemas empleados actualmente por los proveedores de publicidad online no son suficientes, pudiendo incurrir con ello en una invasión de la privacidad de los usuarios.
La recopilación de los datos sobre la actividad de los usuarios mientran navegan por internet pueden proporcionar una imagen detallada de la vida online de los mismos. Sin embargo, a pesar de ello, en el nuevo dictamen se señala que aunque este tipo de publicidad basada en comportamiento puede apotar ventajas incluso a los propios usuarios, su control para la protección de datos personales y la privacidad es importante.
Las autoridades recuerdan la directivas sobre privacidad en telecomunicaciones del 2009 en las que se introdujo la obligación de contar con el consentimiento informado de los usuarios antes de instalar mecanismos de información como los tradicionales 'cookies'.
El nuevo dictamen subraya en en este sentido que los proveedores de publicidad online basada en el comportamiento, cuando utilizan este tipo de mecanimos, están sometidos a las nuevas normas europeas sobre la privacidad electrónica.
Fuente: Puro Marketing
Fecha: 24/06/2010
Mientras la izquierda parlamentaria blandió en su discurso la eliminación de puestos de trabajo en las autopistas que conllevaría la progresiva implantación del dispositivo electrónico de cobro de peaje y el negativo efecto económico que tendría sobre familias y empresas el pago por utilizar autovías hasta ahora gratuitas, el PSD centró su argumentación en materia de derechos civiles. La formación de centroderecha recordó que la normativa aprobada por el Gobierno ensalzaba la utilización del llamado chip por los efectos de seguridad que podía haber aportado, al controlar la identificación de los vehículos que circulasen por todo el país. El texto citaba sus virtudes para encontrar coches robados, sin seguro o incluso aplicaciones de seguridad vial. Y aunque el Ejecutivo renunció ayer a utilizar la información que suministrasen los dispositivos para ningún otro fin que no fuese cobrar la utilización de las autovías, la oposición aseguró no contar con garantías de dicha intención.
Comunistas y PSD recordaron que la Comisión Nacional de Protección de Datos emitió un informe en el que manifestaba sus dudas legales respecto al uso de los datos que aportaría el chip, instando por ello al Gobierno a permitir elegir a los automovilistas otro medio anónimo como el peaje manual.
El Gobierno, en todo caso, piensa en volver a llevar el polémico sistema al Parlamento si alcanza un acuerdo con el PSD, pero este partido advirtió ayer «no estar para trapalladas».
Fuente: La Voz de Galicia
Fecha: 25/06/2010
Comunistas y PSD recordaron que la Comisión Nacional de Protección de Datos emitió un informe en el que manifestaba sus dudas legales respecto al uso de los datos que aportaría el chip, instando por ello al Gobierno a permitir elegir a los automovilistas otro medio anónimo como el peaje manual.
El Gobierno, en todo caso, piensa en volver a llevar el polémico sistema al Parlamento si alcanza un acuerdo con el PSD, pero este partido advirtió ayer «no estar para trapalladas».
Fuente: La Voz de Galicia
Fecha: 25/06/2010
jueves, 24 de junio de 2010
¿Quiere saber lo que otros escriben en Facebook?
Facebook ha estado bajo la lupa ante los constantes cambios a sus políticas de privacidad. Un grupo de programadores se dio cuenta de ello y decidió crear una página para mostrarle a la gente cómo -si no tienen cuidado- lo que escriben en la red social puede ser visto por millones de personas.
Se trata de Openbook, un sitio en internet que expone la información pública de Facebook, para crear conciencia sobre la privacidad.
La página se asemeja a un buscador y permite realizar búsquedas cómo “estoy borracho”, para después ver como decenas de actualizaciones de estado con dicha frase aparecen en la pantalla.
El sitio utiliza la API de Facebook, es decir la cascada de datos que la red social pone a disposición de los programadores de sitios y aplicaciones, para mostrar la información que los internautas han definido como disponible para “cualquiera”.
Al utilizar esta información, Openbook no está robando información de la red, simplemente está creando una interfaz que permite que cualquier persona lea lo que otros escriben cuando no cuidan su privacidad.
“Comencé a hacer pruebas con la API de Facebook y la información que encontraba me escandalizaba. A partir de ahí me convertí en un activista de la privacidad”, dijo a BBC Mundo Will Moffat, creador del sitio que tiene poco más de un mes en línea.
Desde entonces más de dos millones de usuarios han visitado la página y expresado su preocupación ante la información expuesta.
Moffat aclara que Openbook continuará abierto hasta que Facebook cambie sus políticas de privacidad o deje claro cuando sus usuarios están exponiendo su información.
“Hicieron cambios positivos hace poco, pero el problema es que la configuración predeterminada sigue siendo que todo sea público. Entonces, o lo cambian para que la configuración predeterminada sea privada, o dejan claro qué pasa con la información que escribes. Algo como ‘tus amigos podrán leer esto’ o ‘esto lo puede leer cualquiera en internet’”, enfatizó a BBC Mundo el creador del sitio.
A pesar de que la página está en inglés, muestra los mensajes de estado públicos en cualquier idioma. Para hacer búsquedas en español, por ejemplo, basta con ingresar la palabra o frase a buscar en el recuadro de búsqueda y después oprimir la tecla “Enter”.
El sitio es operado por amigos que lo crearon en forma voluntaria. Lo alojan en un sitio gratuito por lo que sus costos, dicen, son mínimos.
Hasta ahora, Openbook no ha recibido ninguna comunicación o disputa legal por parte de Facebook.
“Estamos tratando de que Facebook cuide mejor a sus usuarios -lo cual es importante dado su tamaño-, pero también queremos que la gente sea más conciente de lo que escribe y de las consecuencias de que sea público”, finalizó Moffat.
Fuente: El Mostrador
Fecha: 23/06/2010
Se trata de Openbook, un sitio en internet que expone la información pública de Facebook, para crear conciencia sobre la privacidad.
La página se asemeja a un buscador y permite realizar búsquedas cómo “estoy borracho”, para después ver como decenas de actualizaciones de estado con dicha frase aparecen en la pantalla.
El sitio utiliza la API de Facebook, es decir la cascada de datos que la red social pone a disposición de los programadores de sitios y aplicaciones, para mostrar la información que los internautas han definido como disponible para “cualquiera”.
Al utilizar esta información, Openbook no está robando información de la red, simplemente está creando una interfaz que permite que cualquier persona lea lo que otros escriben cuando no cuidan su privacidad.
“Comencé a hacer pruebas con la API de Facebook y la información que encontraba me escandalizaba. A partir de ahí me convertí en un activista de la privacidad”, dijo a BBC Mundo Will Moffat, creador del sitio que tiene poco más de un mes en línea.
Desde entonces más de dos millones de usuarios han visitado la página y expresado su preocupación ante la información expuesta.
Moffat aclara que Openbook continuará abierto hasta que Facebook cambie sus políticas de privacidad o deje claro cuando sus usuarios están exponiendo su información.
“Hicieron cambios positivos hace poco, pero el problema es que la configuración predeterminada sigue siendo que todo sea público. Entonces, o lo cambian para que la configuración predeterminada sea privada, o dejan claro qué pasa con la información que escribes. Algo como ‘tus amigos podrán leer esto’ o ‘esto lo puede leer cualquiera en internet’”, enfatizó a BBC Mundo el creador del sitio.
A pesar de que la página está en inglés, muestra los mensajes de estado públicos en cualquier idioma. Para hacer búsquedas en español, por ejemplo, basta con ingresar la palabra o frase a buscar en el recuadro de búsqueda y después oprimir la tecla “Enter”.
El sitio es operado por amigos que lo crearon en forma voluntaria. Lo alojan en un sitio gratuito por lo que sus costos, dicen, son mínimos.
Hasta ahora, Openbook no ha recibido ninguna comunicación o disputa legal por parte de Facebook.
“Estamos tratando de que Facebook cuide mejor a sus usuarios -lo cual es importante dado su tamaño-, pero también queremos que la gente sea más conciente de lo que escribe y de las consecuencias de que sea público”, finalizó Moffat.
Fuente: El Mostrador
Fecha: 23/06/2010
miércoles, 23 de junio de 2010
La Agencia de Protección insta a Educación a tomar medidas para evitar divulgar datos de menores
La revelación de datos sobre un menor es una infracción muy grave, sobre todo si quien lo hace tiene acceso a ficheros de información. Así lo considera la Agencia Española de Protección de Datos, que acaba de hacer pública una resolución dictada en marzo en la que considera que la Consellería de Educación infringió de forma muy grave el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
Los hechos sucedieron en agosto del 2008, cuando en diversos medios de comunicación se publicaron datos de salud relativos a la hija de los denunciantes. La información se refería en concreto a que la estudiante sufría una discapacidad tanto física como psíquica, unos datos que los denunciantes aseguran que «solo pudo ser obtenida por fuentes procedentes de la propia Consellería de Educación».
Los padres solicitaron la apertura de un procedimiento sancionador y el reconocimiento a a ser indemnizados por el perjuicio ocasionado, que cuantificaron en 15.000 euros. La Agencia de Protección resolvió no solo calificando como muy grave la infracción, sino que requirió a la Consellería de Educación «para que adopte las medidas de orden interno que impidan que en el futuro pueda producirse una nueva infracción del artículo 10 de la ley».
Este artículo recoge que el responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.
La agencia recoge que este deber de sigilo, en la sociedad actual, resulta esencial ya que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo para la protección de derechos fundamentales, como son la intimidad o la protección de datos. El informe considera probado que Educación, a través de la delegación de Pontevedra, «reveló a terceros los datos personales de la hija de los denunciantes, incluidos los relativos a su grado de discapacidad y otras lesiones». Aunque los asuntos relacionados con el ámbito educativo tienen una alta repercusión social, esto no justifica dar a conocer el grado de minusvalía de la menor que no es de interés general, recoge la resolución.
El ex delegado, imputado
Este caso fue más allá de una denuncia en la agencia de protección, ya que el ex delegado de Educación en Pontevedra deberá declarar como imputado este mes por haber revelado datos, por un presunto delito contra la intimidad. El caso saltó a los medios en el 2008 cuando la Administración negó a los padres la escolarización de la menor en el colegio del municipio, al creer que debería trasladarse a un centro de educación especial.
Fuente: La Voz de Galicia
Fecha: 22/06/2010
Los hechos sucedieron en agosto del 2008, cuando en diversos medios de comunicación se publicaron datos de salud relativos a la hija de los denunciantes. La información se refería en concreto a que la estudiante sufría una discapacidad tanto física como psíquica, unos datos que los denunciantes aseguran que «solo pudo ser obtenida por fuentes procedentes de la propia Consellería de Educación».
Los padres solicitaron la apertura de un procedimiento sancionador y el reconocimiento a a ser indemnizados por el perjuicio ocasionado, que cuantificaron en 15.000 euros. La Agencia de Protección resolvió no solo calificando como muy grave la infracción, sino que requirió a la Consellería de Educación «para que adopte las medidas de orden interno que impidan que en el futuro pueda producirse una nueva infracción del artículo 10 de la ley».
Este artículo recoge que el responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.
La agencia recoge que este deber de sigilo, en la sociedad actual, resulta esencial ya que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo para la protección de derechos fundamentales, como son la intimidad o la protección de datos. El informe considera probado que Educación, a través de la delegación de Pontevedra, «reveló a terceros los datos personales de la hija de los denunciantes, incluidos los relativos a su grado de discapacidad y otras lesiones». Aunque los asuntos relacionados con el ámbito educativo tienen una alta repercusión social, esto no justifica dar a conocer el grado de minusvalía de la menor que no es de interés general, recoge la resolución.
El ex delegado, imputado
Este caso fue más allá de una denuncia en la agencia de protección, ya que el ex delegado de Educación en Pontevedra deberá declarar como imputado este mes por haber revelado datos, por un presunto delito contra la intimidad. El caso saltó a los medios en el 2008 cuando la Administración negó a los padres la escolarización de la menor en el colegio del municipio, al creer que debería trasladarse a un centro de educación especial.
Fuente: La Voz de Galicia
Fecha: 22/06/2010
martes, 22 de junio de 2010
Investigan al Ayuntamiento amiense porque la web del PP tenía datos de una vecina
Una irregularidad del grupo municipal popular remató con una denuncia contra el Concello de Ames al descubrir accidentalmente una vecina amiense sus datos personales, domicilio y particularidades relativas a una minusvalía que padece, según el gobierno local. Estos datos, que la denunciante encontró activando un buscador en la Red, pertenecen a un acta de la Xunta de Goberno local, lo que llevó a la Agencia Española de Protección de Datos a dirigirse al gobierno municipal, en primera instancia, para estudiar la fuga de estos datos personales y localizar el modo en que se filtraron a la Red.
Los técnicos municipales, tras la oportuna investigación, detectaron que los datos figuraban en la web del Partido Popular (PP) de Ames. En el portal había varias actas de la Xunta de Goberno, una de las cuales contenía los datos objeto de denuncia, lo que fue puesto en conocimiento de la agencia de protección de datos, que continúa con la información del expediente. En relación a este hecho, el alcalde de Ames, Carlos Fernández, destaca, refiriéndose al portavoz del PP, que «unha vez máis o señor Amor demostra un descoñecemento total dos labores dun responsable político ao publicar datos de carácter persoal tan delicados como a minusvalía dunha veciña onde figura o nome e apelidos e a dirección da súa residencia». El regidor municipal añade que «o propio Concello non permite o acceso a ese tipo de datos, polo que o acto de irresponsabilidade que cometeu o PP ten unha enorme repercusión».
Siguiendo el protocolo de seguridad del Concello para la protección de la red informática local, los servicios informáticos municipales también detectaron otra irregularidad en el local del grupo popular, donde se activó un punto wi-fi sin tener informado de su instalación. Se trata de un punto de acceso sin hilos a la red del Concello, según el gobierno local, «con moi baixa ou ningunha seguridade», lo que suponía un riesgo para la red municipal. Esta irregularidad ya fue subsanada por los populares.
Fuente: La Voz de Galicia
Fecha: 20/06/2010
Los técnicos municipales, tras la oportuna investigación, detectaron que los datos figuraban en la web del Partido Popular (PP) de Ames. En el portal había varias actas de la Xunta de Goberno, una de las cuales contenía los datos objeto de denuncia, lo que fue puesto en conocimiento de la agencia de protección de datos, que continúa con la información del expediente. En relación a este hecho, el alcalde de Ames, Carlos Fernández, destaca, refiriéndose al portavoz del PP, que «unha vez máis o señor Amor demostra un descoñecemento total dos labores dun responsable político ao publicar datos de carácter persoal tan delicados como a minusvalía dunha veciña onde figura o nome e apelidos e a dirección da súa residencia». El regidor municipal añade que «o propio Concello non permite o acceso a ese tipo de datos, polo que o acto de irresponsabilidade que cometeu o PP ten unha enorme repercusión».
Siguiendo el protocolo de seguridad del Concello para la protección de la red informática local, los servicios informáticos municipales también detectaron otra irregularidad en el local del grupo popular, donde se activó un punto wi-fi sin tener informado de su instalación. Se trata de un punto de acceso sin hilos a la red del Concello, según el gobierno local, «con moi baixa ou ningunha seguridade», lo que suponía un riesgo para la red municipal. Esta irregularidad ya fue subsanada por los populares.
Fuente: La Voz de Galicia
Fecha: 20/06/2010
El alcalde de Ronda declarará como imputado por presunta revelación de secretos
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ronda ha dictaminado una providencia por la que el alcalde de la ciudad del Tajo, Antonio Marín (no adscrito), tendrá que declarar en calidad de imputado por un supuesto delito de revelación de secretos, según afirmó el concejal del Partido Popular (PP) y presidente de la gestora encargada de reestructurar la formación en Ronda, Jesús Vázquez. La resolución judicial establece que el regidor tendrá que declarar el próximo 17 de agosto.
El PP denunció la filtración y publicación de un informe de la Policía Local en una revista sociopolítica, titulada 'La Gaceta del Lunes', el pasado 15 de junio de 2009. En dicho documento figuraban el nombre, lugar de residencia, dirección, edad y características del vehículo que conducía el presidente de Nuevas Generaciones del PP en Ronda, Ignacio Vega. El PP consideró que se había vulnerado su derecho a la intimidad con fines difamatorios. De este modo, la formación apuntó a Marín como responsable de la publicación.
La investigación abierta por el Juzgado número 3 establece que Marín y el ex secretario del PA rondeño Antonio Pacheco, quien también tendrá que declarar en calidad de imputado, constituyeron en 2006 la empresa Andalusi, S. C., que editaba 'La Gaceta del Lunes'. También tendrán que testificar el mismo día 17 de agosto el concejal de Seguridad Ciudadana, Rafael Lara, y el agente que entregó el informe de la Policía Local a Lara. El Juzgado encargó a la Policía Nacional que averiguara quién era el director de La Gaceta del Lunes y al jefe de la Policía Local de Ronda, José Carrasco, que confirmara si alguna administración, funcionario o particular solicitaron una copia del informe y si ésta fue expedida.
Conducta inadmisible
El concejal popular explicó que es lamentable y que no se puede permitir que el alcalde utilice documentos públicos con fines difamatorios. «Es una conducta inadmisible», indicó. Vázquez estuvo acompañado en su denuncia por la portavoz y candidata a la Alcaldía por el PP, María Paz Fernández.
Finalmente, la segunda denuncia presentada por tales hechos por el presidente de NN GG del PP en Ronda ante la Agencia Española de Protección de Datos sigue su curso. «Estamos a la espera de recibir noticias», aseguró Vázquez.
Por su parte, Marín ya respondió en sesión plenaria ante la pregunta del PP que dicho informe de la Policía Local es un documento público y que, por tanto, se puede publicar. Al cierre de esta edición ha sido imposible contactar tanto con el alcalde de Ronda como con el ex secretario del PA Antonio Pacheco.
Fuente: Diario Sur
Fecha: 17/06/2010
El PP denunció la filtración y publicación de un informe de la Policía Local en una revista sociopolítica, titulada 'La Gaceta del Lunes', el pasado 15 de junio de 2009. En dicho documento figuraban el nombre, lugar de residencia, dirección, edad y características del vehículo que conducía el presidente de Nuevas Generaciones del PP en Ronda, Ignacio Vega. El PP consideró que se había vulnerado su derecho a la intimidad con fines difamatorios. De este modo, la formación apuntó a Marín como responsable de la publicación.
La investigación abierta por el Juzgado número 3 establece que Marín y el ex secretario del PA rondeño Antonio Pacheco, quien también tendrá que declarar en calidad de imputado, constituyeron en 2006 la empresa Andalusi, S. C., que editaba 'La Gaceta del Lunes'. También tendrán que testificar el mismo día 17 de agosto el concejal de Seguridad Ciudadana, Rafael Lara, y el agente que entregó el informe de la Policía Local a Lara. El Juzgado encargó a la Policía Nacional que averiguara quién era el director de La Gaceta del Lunes y al jefe de la Policía Local de Ronda, José Carrasco, que confirmara si alguna administración, funcionario o particular solicitaron una copia del informe y si ésta fue expedida.
Conducta inadmisible
El concejal popular explicó que es lamentable y que no se puede permitir que el alcalde utilice documentos públicos con fines difamatorios. «Es una conducta inadmisible», indicó. Vázquez estuvo acompañado en su denuncia por la portavoz y candidata a la Alcaldía por el PP, María Paz Fernández.
Finalmente, la segunda denuncia presentada por tales hechos por el presidente de NN GG del PP en Ronda ante la Agencia Española de Protección de Datos sigue su curso. «Estamos a la espera de recibir noticias», aseguró Vázquez.
Por su parte, Marín ya respondió en sesión plenaria ante la pregunta del PP que dicho informe de la Policía Local es un documento público y que, por tanto, se puede publicar. Al cierre de esta edición ha sido imposible contactar tanto con el alcalde de Ronda como con el ex secretario del PA Antonio Pacheco.
Fuente: Diario Sur
Fecha: 17/06/2010
I.U. de Cijuela pide la dimisión del concejal de formación y empleo, Samuel Peña (PSOE)
El Director de la Agencia Española de Protección de Datos, con fecha 24 de mayo de 2010, ha dictado Resolución definitiva R/01166/2010, del procedimiento seguido contra el Ayuntamiento de Cijuela, por haber infringido el artículo 10 de La ley Orgánica de protección de datos (LOPD), tipificada como una falta grave, y otra leve, por incumplimiento de obligación del deber de guardar secreto profesional sobre datos de carácter personal de vecinos del municipio, que han sido tratados y no custodiados debidamente según la citada Ley, en éste caso por el responsable y encargado del fichero y de su tratamiento, el concejal de Formación y Empleo Samuel Peña Asensio.
En la Resolución definitiva dictada, el Director de la Agencia de Protección de datos, entre otros, hace un requerimiento al Ayuntamiento de Cijuela, para que en el periodo de un mes adopte las medidas de orden interno que impidan que en el futuro pueda producirse una nueva infracción del artículo 10 de la LOPD, además de dar traslado de la resolución dictada, al Defensor del Pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.4 de la LOPD.
Ante esta “imprudencia” cometida por el mencionado concejal y declarada por la Agencia Española de Protección de Datos como Infracción de Administraciones Públicas, el Grupo Municipal de I.
Uha solicitado información sobre las medidas de orden interno adoptadas por esa alcaldía para impedir en lo sucesivo el incumplimiento del deber del secreto profesional de los datos tratados por el Ayuntamiento. Medidas correccionales adoptadas hacia la persona responsable de dicha ligereza, “que no solo ha cometido una falta grave y otra leve por incumplimiento del deber, sino que además ha puesto en entredicho y dañado la imagen de nuestra Administración municipal, ante la Agencia Española de Protección de Datos, ante el Defensor del Pueblo y ante la población de Cijuela, así como la merma de confianza y autoridad que debe caracterizar y prevalecer en toda Institución Pública”. Han declarado desde el grupo municipal de Izquierda Unida.
Por último y como resultado de la falta grave, IU ha solicitado que le sea retirada la delegación de la Concejalía de Formación y Empleo, así como su dimisión de concejal, como responsable de haber infringido la legislación vigente, el deber de sigilo y protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el derecho a la protección que recoge el artículo 18.4 de la Constitución Española.
Fuente: Teleprensa
Fecha: 22/06/2010
En la Resolución definitiva dictada, el Director de la Agencia de Protección de datos, entre otros, hace un requerimiento al Ayuntamiento de Cijuela, para que en el periodo de un mes adopte las medidas de orden interno que impidan que en el futuro pueda producirse una nueva infracción del artículo 10 de la LOPD, además de dar traslado de la resolución dictada, al Defensor del Pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.4 de la LOPD.
Ante esta “imprudencia” cometida por el mencionado concejal y declarada por la Agencia Española de Protección de Datos como Infracción de Administraciones Públicas, el Grupo Municipal de I.
Uha solicitado información sobre las medidas de orden interno adoptadas por esa alcaldía para impedir en lo sucesivo el incumplimiento del deber del secreto profesional de los datos tratados por el Ayuntamiento. Medidas correccionales adoptadas hacia la persona responsable de dicha ligereza, “que no solo ha cometido una falta grave y otra leve por incumplimiento del deber, sino que además ha puesto en entredicho y dañado la imagen de nuestra Administración municipal, ante la Agencia Española de Protección de Datos, ante el Defensor del Pueblo y ante la población de Cijuela, así como la merma de confianza y autoridad que debe caracterizar y prevalecer en toda Institución Pública”. Han declarado desde el grupo municipal de Izquierda Unida.
Por último y como resultado de la falta grave, IU ha solicitado que le sea retirada la delegación de la Concejalía de Formación y Empleo, así como su dimisión de concejal, como responsable de haber infringido la legislación vigente, el deber de sigilo y protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el derecho a la protección que recoge el artículo 18.4 de la Constitución Española.
Fuente: Teleprensa
Fecha: 22/06/2010
sábado, 19 de junio de 2010
La videovigilancia se dispara en pocos meses para blindar casas y comercios
Las tiendas graban a sus clientes, los restaurantes a sus comensales y los edificios a sus vecinos. Cada paso que da el ciudadano queda registrado en miles de cámaras de videovigilancia repartidas por toda la provincia. Tratan de garantizar la seguridad de establecimientos, mercancías y usuarios, pero lo más llamativo es su vertiginoso ascenso. En sólo cinco meses, se han instalado 476 nuevas cámaras, es decir, su presencia ha aumentado un 28%. La intimidad queda relegada a un segundo plano en beneficio de una mayor tranquilidad para los malagueños.
Su uso es imparable, tanto las de titularidad privada como las de organismos e instituciones públicas. En enero de 2010, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tenía registrados 1.702 archivos de videovigilancia, que a fecha del 31 de mayo han ascendido hasta los 2.178 - 27 de titularidad pública-. Con estos datos, Málaga se sitúa como la tercera provincia española con más cámaras de seguridad, tras Madrid y Barcelona. Respecto a Andalucía, casi duplica en número a la segunda, Sevilla.
La mayoría de las cámaras se concentran en los comercios, alrededor de una quinta parte. Tras ellos, empresas de turismo y hostelería, comunidades de propietarios, sanidad e industria química y farmacéutica. El presidente de la Federación de Comercio de Málaga (Fecoma), Enrique Gil, achaca la tendencia de los malagueños a poner pequeños observadores en sus establecimientos a las subvenciones concedidas para este fin y no tanto a un incremento de robos y delincuencia.
Subvenciones
Fecoma, que aglutina a más de siete mil negocios de la provincia, impulsó un acuerdo con la Asociación Malagueña de Empresas de Seguridad para abaratar los costes de asesoramiento y prestación de servicios técnicos alusivos a la seguridad. Asimismo, la Junta de Andalucía les subvenciona hasta el 50% de la instalación de sistemas de seguridad. «Muchos comercios se han aprovechado de este incentivo. Es un sistema que necesitábamos desde hace años, pero que tenía un coste muy alto», explica Gil.
De media, un sistema que ofrezca las suficientes garantías de fiabilidad puede rondar los cinco mil euros. A cambio, puede ser la clave que disuada a los ladrones. «Sirve para controlar un poco los pequeños hurtos y estar prevenidos por si estas personas vuelven», asegura la encargada de una tienda de complementos de la calle Especerías, en el centro de la capital. Otras veces, las cámaras no sólo vigilan a clientes con posibles malas intenciones, sino que captan la actividad de sus empleados y las relaciones que mantienen con las cajas registradoras.
Pero no sólo en los establecimientos comerciales se teme por los intrusos. Las comunidades de vecinos optan cada vez más por incluir en la factura común los gastos por registrar imágenes de los accesos a las zonas comunes y a sus aparcamientos. Bajar en bata y zapatillas a tirar la basura ya no es tan íntimo como antaño.
La liberalización del sector también ha contribuido a su puesta de moda. Hasta diciembre, era imprescindible que la captación de imágenes estuviera contratada con empresas acreditadas ante el Ministerio del Interior, pero la 'Ley Ómnibus', suprimió estas exigencias. En la actualidad, puede instalarlas cualquiera, siempre que no implique una conexión con centrales de alarma, se inscriba en la AEPD y se implanten otras medidas de seguridad.
Fuente: Diario Sur
Fecha: 16/06/2010
Su uso es imparable, tanto las de titularidad privada como las de organismos e instituciones públicas. En enero de 2010, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tenía registrados 1.702 archivos de videovigilancia, que a fecha del 31 de mayo han ascendido hasta los 2.178 - 27 de titularidad pública-. Con estos datos, Málaga se sitúa como la tercera provincia española con más cámaras de seguridad, tras Madrid y Barcelona. Respecto a Andalucía, casi duplica en número a la segunda, Sevilla.
La mayoría de las cámaras se concentran en los comercios, alrededor de una quinta parte. Tras ellos, empresas de turismo y hostelería, comunidades de propietarios, sanidad e industria química y farmacéutica. El presidente de la Federación de Comercio de Málaga (Fecoma), Enrique Gil, achaca la tendencia de los malagueños a poner pequeños observadores en sus establecimientos a las subvenciones concedidas para este fin y no tanto a un incremento de robos y delincuencia.
Subvenciones
Fecoma, que aglutina a más de siete mil negocios de la provincia, impulsó un acuerdo con la Asociación Malagueña de Empresas de Seguridad para abaratar los costes de asesoramiento y prestación de servicios técnicos alusivos a la seguridad. Asimismo, la Junta de Andalucía les subvenciona hasta el 50% de la instalación de sistemas de seguridad. «Muchos comercios se han aprovechado de este incentivo. Es un sistema que necesitábamos desde hace años, pero que tenía un coste muy alto», explica Gil.
De media, un sistema que ofrezca las suficientes garantías de fiabilidad puede rondar los cinco mil euros. A cambio, puede ser la clave que disuada a los ladrones. «Sirve para controlar un poco los pequeños hurtos y estar prevenidos por si estas personas vuelven», asegura la encargada de una tienda de complementos de la calle Especerías, en el centro de la capital. Otras veces, las cámaras no sólo vigilan a clientes con posibles malas intenciones, sino que captan la actividad de sus empleados y las relaciones que mantienen con las cajas registradoras.
Pero no sólo en los establecimientos comerciales se teme por los intrusos. Las comunidades de vecinos optan cada vez más por incluir en la factura común los gastos por registrar imágenes de los accesos a las zonas comunes y a sus aparcamientos. Bajar en bata y zapatillas a tirar la basura ya no es tan íntimo como antaño.
La liberalización del sector también ha contribuido a su puesta de moda. Hasta diciembre, era imprescindible que la captación de imágenes estuviera contratada con empresas acreditadas ante el Ministerio del Interior, pero la 'Ley Ómnibus', suprimió estas exigencias. En la actualidad, puede instalarlas cualquiera, siempre que no implique una conexión con centrales de alarma, se inscriba en la AEPD y se implanten otras medidas de seguridad.
Fuente: Diario Sur
Fecha: 16/06/2010
Un policía y el padre de un menor, imputados por revelar datos policiales al director de un colegio
El padre del menor que facilitó los datos policiales del novio de su ex mujer se encuentra imputado y a la espera de juicio así como el policía que filtró los datos, que también ha sido imputado en el caso. Para el progenitor del niño, el fiscal solicita una pena de dos años de prisión y multa de quince meses a razón de diez euros diarios. La acusación particular pide cuatro años de prisión por descubrimiento de secretos y otros cinco por un presunto delito de revelación de secretos.
Los hechos tienen su origen en septiembre de 2008 cuando el acusado, A. L. A., padre del menor, se personó en el colegio La Olla de Altea donde cursaba estudios su hijo. En el centro entregó al director del mismo una ficha policial del novio de su ex mujer con el fin de que el menor no fuera recogido a la salida de la jornada escolar por esta persona. Al tener conocimiento el novio de la ex mujer, éste presentó una denuncia y el padre del pequeño fue detenido durante unas horas ese mismo día. Según el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de revelación de secretos. La acusación particular relata los mismos hechos en su escrito de acusación, aunque eleva la pena solicitada a nueve años de prisión.
A resultas de aquello se inició una investigación y se determinó que los datos facilitados procedían del Cuerpo Nacional de Policía. Las pesquisas de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), de Asuntos Internos y del Juzgado número 5 de Benidorm dieron como resultado la imputación asimismo del policía, si bien en un principio Asuntos Internos no pudo determinar la autoría del agente que había filtrado los datos.
Sanción y acciones civiles
Tras los hechos, la AEPD sancionó a la Dirección General de la Policía y Guardia Civil por una falta que tipificó como muy grave dado que la información provenía de sus archivos secretos. En este sentido el abogado que representa a los demandantes, -la mujer y su actual pareja- Francisco González, ha iniciado las oportunas acciones civiles contra los responsables de la filtración de los citados documentos.
De momento, y antes de que se produzca el juicio -que ya ha sido aplazado en una ocasión- otros dos policías más se encuentran expedientados y la lista podría incrementarse por cuanto Asuntos Internos ha llegado a interrogar a 24 policías hasta el 16 de mayo de 2009. "De todo esto tienen conocimiento en la Comisaría de Benidorm, aunque el comisario no tiene nada que ver en el asunto" señaló A. V. que agradeció la disposición del máximo responsable policial de Benidorm.
Cartas a organismos
Mientras el asunto sigue a la espera de la celebración del juicio, la mujer ya ha escrito varias cartas a organismos y administraciones en las que expone su situación a raíz de estos hechos, que le han llevado a incrementar las medidas de seguridad en su domicilio y con ella misma y su pareja. En una carta remitida al delegado del Gobierno en la Comunidad, la mujer resalta que lo importante del caso es que un policía nacional hubiera facilitado datos sobre su pareja para que su ex marido pudiera acosarla. La mujer recuerda en su escrito que ha interpuesto "alrededor de 25 denuncias" contra su ex marido. Su pareja, A. V., relató que A. L. A. -el ex marido- tenía una orden de alejamiento desde el año 2006 que le fue retirada en 2008. "Pero volvió a reincidir al poco tiempo y se la volvieron a poner" afirmó. La pareja acusa a A. L. A. de haberse comprado un chalet en la misma urbanización en la que residen con una distancia de casa a casa de 830 metros. "Pero sólo hay una entrada y salida y pasa todos los días insultando y amenazando" precisó. De igual modo, ambos indican que el acusado habría estado en contacto con sicarios de Portugal para "ir a por nosotros" pero desistió al ser descubierto. Las denuncias interpuestas contra A. L. A. van desde impagos de la pensión alimenticia, insultos, amenazas e incluso intervención de las comunicaciones.
En el documento que la mujer envió al delegado del Gobierno recalca que "no se puede estar todos los días en la prensa diciendo lo bien que va la lucha contra el maltrato, contar espectaculares operaciones policiales, decir la ministra que todas las cifras son positivas y que luego pase esto". La mujer afirma asimismo que ha rechazado en varias ocasiones acudir a las televisiones a contar su historia por su convencimiento de que "la Policía, como institución está muy por encima" y que por ello "limpiarán la mierda que hay en su casa".
Fuente: Informacion
Fecha: 17/06/2010
Los hechos tienen su origen en septiembre de 2008 cuando el acusado, A. L. A., padre del menor, se personó en el colegio La Olla de Altea donde cursaba estudios su hijo. En el centro entregó al director del mismo una ficha policial del novio de su ex mujer con el fin de que el menor no fuera recogido a la salida de la jornada escolar por esta persona. Al tener conocimiento el novio de la ex mujer, éste presentó una denuncia y el padre del pequeño fue detenido durante unas horas ese mismo día. Según el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de revelación de secretos. La acusación particular relata los mismos hechos en su escrito de acusación, aunque eleva la pena solicitada a nueve años de prisión.
A resultas de aquello se inició una investigación y se determinó que los datos facilitados procedían del Cuerpo Nacional de Policía. Las pesquisas de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), de Asuntos Internos y del Juzgado número 5 de Benidorm dieron como resultado la imputación asimismo del policía, si bien en un principio Asuntos Internos no pudo determinar la autoría del agente que había filtrado los datos.
Sanción y acciones civiles
Tras los hechos, la AEPD sancionó a la Dirección General de la Policía y Guardia Civil por una falta que tipificó como muy grave dado que la información provenía de sus archivos secretos. En este sentido el abogado que representa a los demandantes, -la mujer y su actual pareja- Francisco González, ha iniciado las oportunas acciones civiles contra los responsables de la filtración de los citados documentos.
De momento, y antes de que se produzca el juicio -que ya ha sido aplazado en una ocasión- otros dos policías más se encuentran expedientados y la lista podría incrementarse por cuanto Asuntos Internos ha llegado a interrogar a 24 policías hasta el 16 de mayo de 2009. "De todo esto tienen conocimiento en la Comisaría de Benidorm, aunque el comisario no tiene nada que ver en el asunto" señaló A. V. que agradeció la disposición del máximo responsable policial de Benidorm.
Cartas a organismos
Mientras el asunto sigue a la espera de la celebración del juicio, la mujer ya ha escrito varias cartas a organismos y administraciones en las que expone su situación a raíz de estos hechos, que le han llevado a incrementar las medidas de seguridad en su domicilio y con ella misma y su pareja. En una carta remitida al delegado del Gobierno en la Comunidad, la mujer resalta que lo importante del caso es que un policía nacional hubiera facilitado datos sobre su pareja para que su ex marido pudiera acosarla. La mujer recuerda en su escrito que ha interpuesto "alrededor de 25 denuncias" contra su ex marido. Su pareja, A. V., relató que A. L. A. -el ex marido- tenía una orden de alejamiento desde el año 2006 que le fue retirada en 2008. "Pero volvió a reincidir al poco tiempo y se la volvieron a poner" afirmó. La pareja acusa a A. L. A. de haberse comprado un chalet en la misma urbanización en la que residen con una distancia de casa a casa de 830 metros. "Pero sólo hay una entrada y salida y pasa todos los días insultando y amenazando" precisó. De igual modo, ambos indican que el acusado habría estado en contacto con sicarios de Portugal para "ir a por nosotros" pero desistió al ser descubierto. Las denuncias interpuestas contra A. L. A. van desde impagos de la pensión alimenticia, insultos, amenazas e incluso intervención de las comunicaciones.
En el documento que la mujer envió al delegado del Gobierno recalca que "no se puede estar todos los días en la prensa diciendo lo bien que va la lucha contra el maltrato, contar espectaculares operaciones policiales, decir la ministra que todas las cifras son positivas y que luego pase esto". La mujer afirma asimismo que ha rechazado en varias ocasiones acudir a las televisiones a contar su historia por su convencimiento de que "la Policía, como institución está muy por encima" y que por ello "limpiarán la mierda que hay en su casa".
Fuente: Informacion
Fecha: 17/06/2010
Multan a una discoteca por instalar videovigilancia sin comunicarlo
La empresa propietaria de una discoteca de Santiago ha tenido que hacer frente a una sanción impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos en relación con la instalación de cámaras de videovigilancia en el interior del local.
En una resolución fechada el pasado mes de diciembre, la Agencia estatal condenó a la empresa Areoso y Ozores SC, titular de la discoteca Yacaré de la calle Santiago de Chile, a pagar una doble sanción que alcanzaba los 4.500 euros. Finalmente, y según confirmó Jorge Ozores, copropietario de la sala del Ensanche, la multa se quedó en 2.000.
En su resolución, la Agencia Española de Protección de Datos impuso a Areoso y Ozores SC, «por una infracción del artículo 6 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, tipificada como grave en el artículo 44.3.d de dicha norma, una multa de 2.500 euros», así como otra de 2.000 euros por una infracción del artículo veintiséis de la misma norma.
El expediente se abrió a instancias de una abogada de Santiago que, en representación de un cliente, informó a la Agencia de que la discoteca Yacaré poseía un sistema de vigilancia, por medio de circuito cerrado de cámaras, que graban durante el horario de apertura las incidencias que pueden acometerse en dicho establecimiento». La denunciante también señalaba que no se había informado de la existencia del sistema de videovigilancia, «ya que carece de cartel informativo».
Jorge Ozores explicó que la instalación de las cámaras se contrató con la empresa Krathos Technologies, -así lo confirma también la Agencia- y que todas las cámaras están en el interior del local, con la finalidad de controlar la actividad durante su funcionamiento y evitar tanto el consumo y tráfico de estupefacientes como la existencia de peleas dentro del local.
El copropietario de la sala dice que el problema se produjo porque, al parecer, la empresa instaladora no inscribió el correspondiente fichero de videovigilancia en la Agencia de Protección de Datos. Para la entidad sancionadora, sin embargo, Krathos es un tercero y las responsabilidades que puedan deducirse son de la empresa que contrató la instalación que, de hecho, es la que ha tenido que abonar la multa por no registrar los ficheros.
La Agencia pudo comprobar que el sistema instalado es cerrado y que no está conectado a ninguna central de vigilancia externa ni alarma. También constató que en el local se instalaron carteles informativos repartidos por todo el loca, incluyendo uno en la puerta de entrada. También se considera probado que se trata de un sistema autónomo que destruye automáticamente y de forma cíclica las imágenes, por lo que no existe un archivo. La Agencia consideró que los propietarios de la discoteca incurrieron en infracción grave, ya que el consentimiento para el tratamiento de los datos personales «es un principio básico del derecho fundamental a la protección de datos».
Fuente: La Voz de Galicia
Fecha: 16/06/2010
En una resolución fechada el pasado mes de diciembre, la Agencia estatal condenó a la empresa Areoso y Ozores SC, titular de la discoteca Yacaré de la calle Santiago de Chile, a pagar una doble sanción que alcanzaba los 4.500 euros. Finalmente, y según confirmó Jorge Ozores, copropietario de la sala del Ensanche, la multa se quedó en 2.000.
En su resolución, la Agencia Española de Protección de Datos impuso a Areoso y Ozores SC, «por una infracción del artículo 6 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, tipificada como grave en el artículo 44.3.d de dicha norma, una multa de 2.500 euros», así como otra de 2.000 euros por una infracción del artículo veintiséis de la misma norma.
El expediente se abrió a instancias de una abogada de Santiago que, en representación de un cliente, informó a la Agencia de que la discoteca Yacaré poseía un sistema de vigilancia, por medio de circuito cerrado de cámaras, que graban durante el horario de apertura las incidencias que pueden acometerse en dicho establecimiento». La denunciante también señalaba que no se había informado de la existencia del sistema de videovigilancia, «ya que carece de cartel informativo».
Jorge Ozores explicó que la instalación de las cámaras se contrató con la empresa Krathos Technologies, -así lo confirma también la Agencia- y que todas las cámaras están en el interior del local, con la finalidad de controlar la actividad durante su funcionamiento y evitar tanto el consumo y tráfico de estupefacientes como la existencia de peleas dentro del local.
El copropietario de la sala dice que el problema se produjo porque, al parecer, la empresa instaladora no inscribió el correspondiente fichero de videovigilancia en la Agencia de Protección de Datos. Para la entidad sancionadora, sin embargo, Krathos es un tercero y las responsabilidades que puedan deducirse son de la empresa que contrató la instalación que, de hecho, es la que ha tenido que abonar la multa por no registrar los ficheros.
La Agencia pudo comprobar que el sistema instalado es cerrado y que no está conectado a ninguna central de vigilancia externa ni alarma. También constató que en el local se instalaron carteles informativos repartidos por todo el loca, incluyendo uno en la puerta de entrada. También se considera probado que se trata de un sistema autónomo que destruye automáticamente y de forma cíclica las imágenes, por lo que no existe un archivo. La Agencia consideró que los propietarios de la discoteca incurrieron en infracción grave, ya que el consentimiento para el tratamiento de los datos personales «es un principio básico del derecho fundamental a la protección de datos».
Fuente: La Voz de Galicia
Fecha: 16/06/2010
miércoles, 16 de junio de 2010
Facua lleva a Google ante la Audiencia Nacional por Street View
La organización de consumidores Facua ha denunciado a Google ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por espiar a los usuarios de redes wi-fi durante la toma de datos para su servicio Street View. Facua considera que la máxima sanción que podría aplicar la Agencia Española de Protección de Datos resulta ridícula. La denuncia busca establecer si la empresa ha cometido un delito contra la intimidad al recopilar datos de las redes no cifradas que detectaban sus coches. La organización no acepta las explicaciones de Google, según las cuales este episodio fue causado por un error y reclama que se aclaren "los objetivos de esta inquietante toma de datos y depuren responsabilidades".
La noticia en otros webs
* webs en español
* en otros idiomas
La iniciativa de la organización se basa en el artículo 197 del Código Penal según el cual: "El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad del otro, sin su consentimiento (...) intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses".
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) anunció el 19 de mayo la apertura de una investigación. La máxima sanción que podría imponer la agencia es una multa de 600.000 euros, cifra que Facua considera "ridícula".
La semana pasada, la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (Apedanica) ya presentó una denuncia contra Google por los mismos motivos en el Juzgado de Guardia de Madrid.
Google se ha comprometido a entregar a la Agencia de Protección de Datos española los datos recopilados por sus coches en sus rutas por este país. La recolecta de datos de redes privadas wi-fi por parte de sus coches fue denunciada inicialmente por Alemania. Google, tras una investigación interna, admitió lo sucedido pero lo atribuyó a un error involuntario. Inicialmente propuso destruir los datos recogidos ante testigos, pero algunos países, como Alemania, reclamaron antes conocerlos para poder evaluar exactamente qué tipo de información había cosechado.
Fuente: El Pais
Fecha: 15/06/2010
La noticia en otros webs
* webs en español
* en otros idiomas
La iniciativa de la organización se basa en el artículo 197 del Código Penal según el cual: "El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad del otro, sin su consentimiento (...) intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses".
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) anunció el 19 de mayo la apertura de una investigación. La máxima sanción que podría imponer la agencia es una multa de 600.000 euros, cifra que Facua considera "ridícula".
La semana pasada, la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (Apedanica) ya presentó una denuncia contra Google por los mismos motivos en el Juzgado de Guardia de Madrid.
Google se ha comprometido a entregar a la Agencia de Protección de Datos española los datos recopilados por sus coches en sus rutas por este país. La recolecta de datos de redes privadas wi-fi por parte de sus coches fue denunciada inicialmente por Alemania. Google, tras una investigación interna, admitió lo sucedido pero lo atribuyó a un error involuntario. Inicialmente propuso destruir los datos recogidos ante testigos, pero algunos países, como Alemania, reclamaron antes conocerlos para poder evaluar exactamente qué tipo de información había cosechado.
Fuente: El Pais
Fecha: 15/06/2010
Siete razones para dejar Facebook
a red social Facebook se ha convertido para millones de personas en algo tan necesario como el café con leche de por la mañanas, o el cigarro después de comer. Necesario... ¿O quizás adictivo?
Sea como fuere, la web más visitada del mundo no está exenta de polémica. El pasado 31 de mayo, se organizó contra ella un boicot que obtuvo escaso seguimiento.
Como ya contamos, el principal motivo de esa sublevación era los continuos cambios en la política de privacidad de la red social. Pero no hay que esperar a una "cibermanifestación" para borrarse de Facebook. Hay razones para hacerlo en cualquier momento, y como muestra, aportamos unas cuantas:
1.- Privacidad. El talón de Aquiles de este gigante social. Continuamente hay cambios en este parámetro, lo que hace pensar que Facebook mercadea con nuestros datos. ¿Por qué hace 5 años era tan fácil poner que "sólo mis amigos" pueden ver mi información, y ahora no?
2.- Lo "nuestro" ya no es nuestro, es de "Ellos". En Facebook, tenemos la false sensación de que todas las imágenes y comentarios que ponemos son nuestros, como si estuviéramos decorando nuestro propio salón con ellos. Mentira. Todos estos datos pueden ser usados por "aplicaciones de terceros" para publicitar juegos, tests...
Incluso, si decidimos borrarnos, nuestros datos o imágenes podrían en las copias de seguridad de alguna de estas empresas que comercializan aplicaciones para Facebook. Así que, hay que pensárselo dos veces antes de responder a los test tipo "¿Qué clase de amante eres?" porque nuestra foto de perfil puede quedar vinculada para toda la vida al resultado "Pésimo".
3. Ley del salvaje oeste. Como en la época dorada de los vaqueros, la ley en Facebook depende de en qué territorio estemos. Si ponemos un comentario en un perfil que tenga una configuración diferente a la nuestra, todo el mundo lo podrá ver, aunque nosotros hayamos puesto en nuestra configuración de privacidad "Sólo para mis amigos".
4. Datos Bancarios. Un tema peliagudo. Si realizamos un pago a través de Facebook, por ejemplo, en los famosos "regalos de cumpleaños" nuestros datos quedarán almacenados en los servidores de Facebook.
Se puede cambiar la opción de "almacenar datos de pago" pero... ¿No sería conveniente que esa opción fuese la predeterminada, y que ingresásemos nuestros datos de pago cada vez que quisiéramos comprar algo? iTunes, la tienda virtual de música de Apple funciona igual, pero por lo menos siempre nos pide una contraseña cada vez que queremos comprar algo.
5. ¿Amigos o enemigos? Si se nos ocurre etiquetar en una foto en la que salimos nosotros, a un amigo, y este permite el acceso a terceros, esa foto puede ser utilizada para publicidad o ser impresa sin nuestro consentimiento. Aunque nuestra configuración de privacidad hayamos elegido que no sea así.
Es decir, al igual que en la razón de la "Ley del salvaje oeste" la configuración de nuestro amigo prima sobre la nuestra, dependiendo de los intereses espurios de terceros.
6. Motores de búsqueda indiscretos. Por defecto, Facebook permite que las principales webs de búsqueda nos encuentren. Simplemente hay que teclear nuestro nombre en ellos, y apareceremos en los resultados de búsqueda. Esta opción se puede cambiar para no aparecer.
Pero si, por ejemplo, nos hacemos seguidores (lo que antes se llamaba "hacerse fan") de un equipo de fútbol, nuestro nombre aparecerá en los resultados de búsqueda en esa página de fans.
7. Vivos después de muertos. O la también llamada paradoja zombi. Si decidimos borrarnos definitivamente de Facebook, la página se reserva el derecho de borrar todos nuestros datos de sus servidores en 90 días. Algo bastante difícil de comprobar.
Fuente: Yahoo Finanzas
Sea como fuere, la web más visitada del mundo no está exenta de polémica. El pasado 31 de mayo, se organizó contra ella un boicot que obtuvo escaso seguimiento.
Como ya contamos, el principal motivo de esa sublevación era los continuos cambios en la política de privacidad de la red social. Pero no hay que esperar a una "cibermanifestación" para borrarse de Facebook. Hay razones para hacerlo en cualquier momento, y como muestra, aportamos unas cuantas:
1.- Privacidad. El talón de Aquiles de este gigante social. Continuamente hay cambios en este parámetro, lo que hace pensar que Facebook mercadea con nuestros datos. ¿Por qué hace 5 años era tan fácil poner que "sólo mis amigos" pueden ver mi información, y ahora no?
2.- Lo "nuestro" ya no es nuestro, es de "Ellos". En Facebook, tenemos la false sensación de que todas las imágenes y comentarios que ponemos son nuestros, como si estuviéramos decorando nuestro propio salón con ellos. Mentira. Todos estos datos pueden ser usados por "aplicaciones de terceros" para publicitar juegos, tests...
Incluso, si decidimos borrarnos, nuestros datos o imágenes podrían en las copias de seguridad de alguna de estas empresas que comercializan aplicaciones para Facebook. Así que, hay que pensárselo dos veces antes de responder a los test tipo "¿Qué clase de amante eres?" porque nuestra foto de perfil puede quedar vinculada para toda la vida al resultado "Pésimo".
3. Ley del salvaje oeste. Como en la época dorada de los vaqueros, la ley en Facebook depende de en qué territorio estemos. Si ponemos un comentario en un perfil que tenga una configuración diferente a la nuestra, todo el mundo lo podrá ver, aunque nosotros hayamos puesto en nuestra configuración de privacidad "Sólo para mis amigos".
4. Datos Bancarios. Un tema peliagudo. Si realizamos un pago a través de Facebook, por ejemplo, en los famosos "regalos de cumpleaños" nuestros datos quedarán almacenados en los servidores de Facebook.
Se puede cambiar la opción de "almacenar datos de pago" pero... ¿No sería conveniente que esa opción fuese la predeterminada, y que ingresásemos nuestros datos de pago cada vez que quisiéramos comprar algo? iTunes, la tienda virtual de música de Apple funciona igual, pero por lo menos siempre nos pide una contraseña cada vez que queremos comprar algo.
5. ¿Amigos o enemigos? Si se nos ocurre etiquetar en una foto en la que salimos nosotros, a un amigo, y este permite el acceso a terceros, esa foto puede ser utilizada para publicidad o ser impresa sin nuestro consentimiento. Aunque nuestra configuración de privacidad hayamos elegido que no sea así.
Es decir, al igual que en la razón de la "Ley del salvaje oeste" la configuración de nuestro amigo prima sobre la nuestra, dependiendo de los intereses espurios de terceros.
6. Motores de búsqueda indiscretos. Por defecto, Facebook permite que las principales webs de búsqueda nos encuentren. Simplemente hay que teclear nuestro nombre en ellos, y apareceremos en los resultados de búsqueda. Esta opción se puede cambiar para no aparecer.
Pero si, por ejemplo, nos hacemos seguidores (lo que antes se llamaba "hacerse fan") de un equipo de fútbol, nuestro nombre aparecerá en los resultados de búsqueda en esa página de fans.
7. Vivos después de muertos. O la también llamada paradoja zombi. Si decidimos borrarnos definitivamente de Facebook, la página se reserva el derecho de borrar todos nuestros datos de sus servidores en 90 días. Algo bastante difícil de comprobar.
Fuente: Yahoo Finanzas
Prohíben la difusión de algunas fotos de George Clooney
La decisión responde a la reclamación presentada por la abogada Maria Grazia Mantelli, en representación de Clooney, ante unas imágenes publicadas por las revistas "Novella 2000" y "Chi" en agosto pasado y reproducidas por la web del diario "Corriere della Sera".
En uno de esos reportajes fotográficos se podía ver a Clooney y a Canalis (cuya relación entonces no estaba confirmada oficialmente) acercándose amorosamente en el jardín de la propiedad del actor, llamada "Villa Oleandra" y situada en el entorno del Lago de Como (norte), y fundiéndose en un abrazo cerca de una piscina.
Según explica el dictamen del Garante de la Privacidad italiano, que no habla de ningún resarcimiento económico, la abogada del actor estadounidense defendía que las tomas fueron realizadas de un modo abusivo y en "violación de normas establecidas para la tutela de la persona y del domicilio".
Por su parte, los abogados de los medios de comunicación, en las que aparecía también el marido de la ex modelo Cindy Crawford, Rande Gerber, sostenían que las imágenes fueron tomadas en lugares públicos, abiertos al público o "visibles sin el uso de técnicas invasoras".
El Garante de la Privacidad de Italia estima ilícitas algunas de esas fotografías porque han sido tomadas en zonas rodeadas por un seto alto o por una tapia que impiden a los transeúntes la vista del interior, por lo que, cree, se viola la intimidad y reserva que se quiere crear con tales obstáculos visuales.
Sin embargo, las imágenes en las que se pueden ver a la pareja en la escalinata de acceso a la villa o a Canalis asomada al balcón son totalmente lícitas por haber sido tomadas en lugares públicos o abiertos al público.
Fuente: RCNradio
Fecha: 15/06/2010
En uno de esos reportajes fotográficos se podía ver a Clooney y a Canalis (cuya relación entonces no estaba confirmada oficialmente) acercándose amorosamente en el jardín de la propiedad del actor, llamada "Villa Oleandra" y situada en el entorno del Lago de Como (norte), y fundiéndose en un abrazo cerca de una piscina.
Según explica el dictamen del Garante de la Privacidad italiano, que no habla de ningún resarcimiento económico, la abogada del actor estadounidense defendía que las tomas fueron realizadas de un modo abusivo y en "violación de normas establecidas para la tutela de la persona y del domicilio".
Por su parte, los abogados de los medios de comunicación, en las que aparecía también el marido de la ex modelo Cindy Crawford, Rande Gerber, sostenían que las imágenes fueron tomadas en lugares públicos, abiertos al público o "visibles sin el uso de técnicas invasoras".
El Garante de la Privacidad de Italia estima ilícitas algunas de esas fotografías porque han sido tomadas en zonas rodeadas por un seto alto o por una tapia que impiden a los transeúntes la vista del interior, por lo que, cree, se viola la intimidad y reserva que se quiere crear con tales obstáculos visuales.
Sin embargo, las imágenes en las que se pueden ver a la pareja en la escalinata de acceso a la villa o a Canalis asomada al balcón son totalmente lícitas por haber sido tomadas en lugares públicos o abiertos al público.
Fuente: RCNradio
Fecha: 15/06/2010
lunes, 14 de junio de 2010
Tutorial: Comprobar privacidad en Facebook
Facebook, la red social más usada en el mundo se ha convertido en el sitio más visitado de internet en solo unos años. Sin embargo, Facebook es continuamente cuestionado debido a su política de privacidad, que pone en riesgo la privacidad e incluso la seguridad de los visitantes más confiados, en su mayoría particulares que usan la red para establecer contacto con amigos o familiares lejanos, pero también a usuarios expertos en redes sociales. Cada vez que usas una aplicación de Facebook, puedes estar compartiendo datos sin saberlo.
Facebook Privacy Check es un test de privacidad en Facebook con el que podrás conocer de forma sencilla cómo está configurada tu privacidad en Facebook, y si debes hacer algunos cambios en el perfil de tu cuenta. La aplicación está disponible solamente en inglés, pero es de tal importancia y tan fácil de entender que nos vemos obligados a recomendarla encarecidamente a todos nuestros amigos.
Para ver el artículo completo y descargar dicha herramienta visita el siguiente link: http://www.todotutoriales.es/2010/06/10/comprobar-privacidad-en-facebook/
Fuente: Todotutoriales
Fecha: 10/06/2010
Facebook Privacy Check es un test de privacidad en Facebook con el que podrás conocer de forma sencilla cómo está configurada tu privacidad en Facebook, y si debes hacer algunos cambios en el perfil de tu cuenta. La aplicación está disponible solamente en inglés, pero es de tal importancia y tan fácil de entender que nos vemos obligados a recomendarla encarecidamente a todos nuestros amigos.
Para ver el artículo completo y descargar dicha herramienta visita el siguiente link: http://www.todotutoriales.es/2010/06/10/comprobar-privacidad-en-facebook/
Fuente: Todotutoriales
Fecha: 10/06/2010
ENTREVISTA: "La privacidad es un estorbo para los grandes de la Red"
Artemi Rallo (Castellón, 1965), director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), tiene que lidiar con los problemas que en materia de privacidad están teniendo dos de las empresas más grandes de Internet: Facebook y Google.
Al director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo (Castellón, 1965), se le acumula el trabajo. A tenor de lo que recoge la memoria anual de la institución, presentada la semana pasada, las denuncias y la petición de tutela de sus derechos por parte de los ciudadanos casi se ha doblado en el último año. Por si fuera poco, en su labor de garante de la protección de los datos personales tiene que lidiar con los problemas que en materia de privacidad están teniendo dos de las empresas más grandes de Internet: Facebook y Google.
La actualidad manda. ¿Google les ha entregado ya la información que recogieron sus coches de las redes WiFi de los ciudadanos?
A fecha de hoy, no. Nos han dicho que de forma inminente nos darán acceso a esa información. Los inspectores de la Agencia están en contacto con Google para saber qué, cómo y cuándo tienen que facilitárnoslo.
Entonces, ¿no se sabe cuántos han sido los afectados?
Hemos pedido toda la información; entre ella, quiénes se han visto afectados. Pero aún no la tenemos.
¿Dónde se guardaban esos datos?
Ellos ya reconocieron en su blog oficial que estaban en una base de datos en EEUU.
Cuando se acceda a ellos, ¿qué pasos dará la Agencia?
Primero, debemos tener ese acceso y, después, se analizará la tipología de la información que se haya podido recoger y almacenar. Son dos elementos básicos: la evidencia de lo que se ha recogido y los procedimientos que se han usado. En caso de vulnerar la Ley de Protección de Datos, la Agencia abriría un procedimiento sancionador.
¿Puede Google alegar su radicación en EEUU para escapar a la legislación europea?
Es un argumento que han usado en otras ocasiones. De hecho, Google tiene recurridas ante la Audiencia Nacional decenas de resoluciones de la Agencia que afectan a su motor de búsqueda, donde los ciudadanos han conseguido que se reconozca su derecho de oposición. El buscador, no obstante, alega que no le es aplicable la legislación española. Pero en el caso de las redes WiFi, es incuestionable que la directiva europea sí es aplicable en la medida en que Google Inc ha usado medios en España para recabar datos personales. Las furgonetas o coches han recorrido las calles de buena parte de las ciudades españolas.
No es la primera vez que Google tiene un problema de privacidad en alguno de sus servicios...
El problema y suerte de Google es que casi todos sus servicios son de éxito planetario. Y buena parte de ellos se sustentan en la utilización de datos personales para obtener ese éxito. Este es el origen de los interrogantes que levantan muchos de sus productos. Las inspecciones y sanciones no son la vía efectiva para garantizar la privacidad en Internet. Lo efectivo es diseñar servicios respetuosos con ella. No tienen en la privacidad una prioridad; más al contrario, es un estorbo, un problema que tienen que gestionar. No se lo toman en serio. Pero si ellos no lo hacen, lo haremos nosotros.
Facebook también está en la lista. ¿Le convencen los cambios recientes en su política de privacidad?
La gran modificación no es la de ahora, sino la del verano pasado, y venía de la presión que habíamos hecho las autoridades de protección de datos. Tenían que mejorar la información, que el usuario pudiera entenderla y, de repente, nos encontramos que algunos de los cambios permiten un acceso global a categorías de datos no disponibles para el propio usuario. El problema no es informar más y mejor o dar más herramientas para que controlen la publicidad que quiere darle a su información. La única vía honesta ha de partir del hecho de que un usuario medio de Internet no es uno avanzado. Usa los servicios tal como se le ofrecen. Lo honesto sería diseñar por defecto una plataforma que garantice el máximo grado de privacidad.
Pero las únicas denuncias que ha habido en esta red social han sido de unos usuarios contra otros, no contra el propio servicio.
Ya están llegando varias sobre la configuración de su privacidad. Pero sí, hasta la fecha ha sido entre usuarios y, en especial, de terceros que ni siquiera están en la red y que se enteran de que hay datos suyos en Facebook.
¿Y se va a ir contra los usuarios de Facebook?
Hemos abierto procedimientos sancionadores. Pero hay que tener evidencias. En muchas ocasiones, cuando llega la Agencia, la evidencia ha desaparecido, borrada por el propio usuario o la red social. Pero si el usuario resulta identificable y se mantiene la evidencia, la Agencia culminará el procedimiento sancionador.
Pero la ley se diseñó pensando en las empresas y organizaciones...
A los particulares también se les ponen multas.
Entonces, ¿la legislación es válida?
Hay una cuestión que es difícil de resolver. La legislación de protección de datos no se aplica al ámbito doméstico y muchos piensan que la cuenta que tienen abierta en una red social pertenece a su ámbito personal. Pero una cuenta con centenares de contactos o que tenga abiertos sus contenidos a los buscadores no es un espacio privado sino todo lo contrario. Es una cesión general de datos.
¿Qué tal cumplen las empresas con nuestros datos personales?
Tenemos la impresión de que, desde 1999, cuando entró en vigor la actual ley, las empresas españolas han sabido aprovechar el tiempo en materia de garantía de los datos personales. La sociedad empieza también a ver cómo las organizaciones buscan cumplir con la ley. Hoy es común ver los carteles de presencia de cámaras, por ejemplo. El montante total de multas es casi el mismo que en 2007, con el doble de multas impuestas.
¿Pero se trata de un aumento de la concienciación o, como en el caso de las videocámaras, porque su parque ha aumentado?
Hay una generalización de su instalación y, en paralelo, de las denuncias. Pero lo que ha subido es la preo-cupación por cómo se instalan, no porque se pongan. Según las encuestas, al 85% de los ciudadanos le parecen bien.
La nueva legislación europea prevé la responsabilidad de las empresas en caso de fuga o pérdida de datos de sus clientes y usuarios en sus comunicaciones electrónicas. ¿Están preparadas?
La directiva les impone informar a los que hayan sido afectados y la Agencia vigilará que esto se cumpla. Pero todavía no son conscientes de la obligación que van a tener.
Hay quienes aseguran que el derecho a la privacidad se ha quedado viejo, que ha caducado en el entorno digital.
Suelen ser los grandes de Internet los que afirman que la privacidad ha muerto. Son, precisamente, las empresas cuyo negocio se basa en diluir esa privacidad. El caso prototípico es las salidas del creador de Facebook, Mark Zuckerberg, o de algunos directivos de Google. Es algo, mejor dicho, bastante sospechoso. No parece una aproximación honesta cuando el conflicto de intereses es tan evidente. En segundo lugar, se toma como base de esa afirmación el comportamiento de niños, adolescentes y jóvenes en la Red, sin tener en cuenta que no son adultos. La sociedad entiende que tienen un grado de madurez inferior a la hora de ejercer sus derechos. No son la referencia. Esa afirmación es interesada o está mal fundamentada.
Fuente: Público
Fecha: 14/06/2010
Al director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo (Castellón, 1965), se le acumula el trabajo. A tenor de lo que recoge la memoria anual de la institución, presentada la semana pasada, las denuncias y la petición de tutela de sus derechos por parte de los ciudadanos casi se ha doblado en el último año. Por si fuera poco, en su labor de garante de la protección de los datos personales tiene que lidiar con los problemas que en materia de privacidad están teniendo dos de las empresas más grandes de Internet: Facebook y Google.
La actualidad manda. ¿Google les ha entregado ya la información que recogieron sus coches de las redes WiFi de los ciudadanos?
A fecha de hoy, no. Nos han dicho que de forma inminente nos darán acceso a esa información. Los inspectores de la Agencia están en contacto con Google para saber qué, cómo y cuándo tienen que facilitárnoslo.
Entonces, ¿no se sabe cuántos han sido los afectados?
Hemos pedido toda la información; entre ella, quiénes se han visto afectados. Pero aún no la tenemos.
¿Dónde se guardaban esos datos?
Ellos ya reconocieron en su blog oficial que estaban en una base de datos en EEUU.
Cuando se acceda a ellos, ¿qué pasos dará la Agencia?
Primero, debemos tener ese acceso y, después, se analizará la tipología de la información que se haya podido recoger y almacenar. Son dos elementos básicos: la evidencia de lo que se ha recogido y los procedimientos que se han usado. En caso de vulnerar la Ley de Protección de Datos, la Agencia abriría un procedimiento sancionador.
¿Puede Google alegar su radicación en EEUU para escapar a la legislación europea?
Es un argumento que han usado en otras ocasiones. De hecho, Google tiene recurridas ante la Audiencia Nacional decenas de resoluciones de la Agencia que afectan a su motor de búsqueda, donde los ciudadanos han conseguido que se reconozca su derecho de oposición. El buscador, no obstante, alega que no le es aplicable la legislación española. Pero en el caso de las redes WiFi, es incuestionable que la directiva europea sí es aplicable en la medida en que Google Inc ha usado medios en España para recabar datos personales. Las furgonetas o coches han recorrido las calles de buena parte de las ciudades españolas.
No es la primera vez que Google tiene un problema de privacidad en alguno de sus servicios...
El problema y suerte de Google es que casi todos sus servicios son de éxito planetario. Y buena parte de ellos se sustentan en la utilización de datos personales para obtener ese éxito. Este es el origen de los interrogantes que levantan muchos de sus productos. Las inspecciones y sanciones no son la vía efectiva para garantizar la privacidad en Internet. Lo efectivo es diseñar servicios respetuosos con ella. No tienen en la privacidad una prioridad; más al contrario, es un estorbo, un problema que tienen que gestionar. No se lo toman en serio. Pero si ellos no lo hacen, lo haremos nosotros.
Facebook también está en la lista. ¿Le convencen los cambios recientes en su política de privacidad?
La gran modificación no es la de ahora, sino la del verano pasado, y venía de la presión que habíamos hecho las autoridades de protección de datos. Tenían que mejorar la información, que el usuario pudiera entenderla y, de repente, nos encontramos que algunos de los cambios permiten un acceso global a categorías de datos no disponibles para el propio usuario. El problema no es informar más y mejor o dar más herramientas para que controlen la publicidad que quiere darle a su información. La única vía honesta ha de partir del hecho de que un usuario medio de Internet no es uno avanzado. Usa los servicios tal como se le ofrecen. Lo honesto sería diseñar por defecto una plataforma que garantice el máximo grado de privacidad.
Pero las únicas denuncias que ha habido en esta red social han sido de unos usuarios contra otros, no contra el propio servicio.
Ya están llegando varias sobre la configuración de su privacidad. Pero sí, hasta la fecha ha sido entre usuarios y, en especial, de terceros que ni siquiera están en la red y que se enteran de que hay datos suyos en Facebook.
¿Y se va a ir contra los usuarios de Facebook?
Hemos abierto procedimientos sancionadores. Pero hay que tener evidencias. En muchas ocasiones, cuando llega la Agencia, la evidencia ha desaparecido, borrada por el propio usuario o la red social. Pero si el usuario resulta identificable y se mantiene la evidencia, la Agencia culminará el procedimiento sancionador.
Pero la ley se diseñó pensando en las empresas y organizaciones...
A los particulares también se les ponen multas.
Entonces, ¿la legislación es válida?
Hay una cuestión que es difícil de resolver. La legislación de protección de datos no se aplica al ámbito doméstico y muchos piensan que la cuenta que tienen abierta en una red social pertenece a su ámbito personal. Pero una cuenta con centenares de contactos o que tenga abiertos sus contenidos a los buscadores no es un espacio privado sino todo lo contrario. Es una cesión general de datos.
¿Qué tal cumplen las empresas con nuestros datos personales?
Tenemos la impresión de que, desde 1999, cuando entró en vigor la actual ley, las empresas españolas han sabido aprovechar el tiempo en materia de garantía de los datos personales. La sociedad empieza también a ver cómo las organizaciones buscan cumplir con la ley. Hoy es común ver los carteles de presencia de cámaras, por ejemplo. El montante total de multas es casi el mismo que en 2007, con el doble de multas impuestas.
¿Pero se trata de un aumento de la concienciación o, como en el caso de las videocámaras, porque su parque ha aumentado?
Hay una generalización de su instalación y, en paralelo, de las denuncias. Pero lo que ha subido es la preo-cupación por cómo se instalan, no porque se pongan. Según las encuestas, al 85% de los ciudadanos le parecen bien.
La nueva legislación europea prevé la responsabilidad de las empresas en caso de fuga o pérdida de datos de sus clientes y usuarios en sus comunicaciones electrónicas. ¿Están preparadas?
La directiva les impone informar a los que hayan sido afectados y la Agencia vigilará que esto se cumpla. Pero todavía no son conscientes de la obligación que van a tener.
Hay quienes aseguran que el derecho a la privacidad se ha quedado viejo, que ha caducado en el entorno digital.
Suelen ser los grandes de Internet los que afirman que la privacidad ha muerto. Son, precisamente, las empresas cuyo negocio se basa en diluir esa privacidad. El caso prototípico es las salidas del creador de Facebook, Mark Zuckerberg, o de algunos directivos de Google. Es algo, mejor dicho, bastante sospechoso. No parece una aproximación honesta cuando el conflicto de intereses es tan evidente. En segundo lugar, se toma como base de esa afirmación el comportamiento de niños, adolescentes y jóvenes en la Red, sin tener en cuenta que no son adultos. La sociedad entiende que tienen un grado de madurez inferior a la hora de ejercer sus derechos. No son la referencia. Esa afirmación es interesada o está mal fundamentada.
Fuente: Público
Fecha: 14/06/2010
Jaen: 611 Cámaras te vigilan
Te siguen en el centro comercial a través de las estanterías. Cuando entras al banco. En la joyería. Cuando llevas el coche a arreglar a los talleres del polígono industrial. Al entrar y salir del hotel. Cuando vas al médico. Al dejar a tus hijos en el colegio. Si metes una moneda en una máquina tragaperras. Mientras animas a tu equipo en la grada del campo. Al conducir el coche por una autovía. Hasta cuando caminas por la calle vas dejando el rastro de tu figura saltando de portal en portal, grabado por los sistemas de vigilancia del interior de los comercios que, indefectiblemente, recogen también el trasiego de unos metros por delante de la puerta. Están por todas partes. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tiene inscritos 611 ficheros de sistemas de videovigilancia en la provincia de Jaén, legalmente inscritos y que cumplen con todos los requisitos de respeto a la intimidad de las personas que son grabadas. Pero los instaladores homologados advierten de que hay una enorme oferta ilegal descontrolada. hablando en plata: decenas de sistemas de vigilancia graban cada día a los jienenses sin que nadie garantice que las imágenes no se usen para fines ilegales.
«Hay muchísimo intrusismo. Empresas que no tienen relación con el sector de la seguridad y que están instalando estos sistemas sin control alguno, sin estar homologados, sin altas en la Dirección General de la Policía y en los ficheros de la Ley de Protección de Datos», explica Rafael Sánchez, portavoz de la empresa Alartec. Los datos de la AEPD confirman que los sistemas de grabación 'furtivos' son una de las primeras causas de denuncia y apertura de expediente sancionador. De hecho, a nivel nacional, la videovigilancia es el sector donde más han crecido las denuncias por invasión de la intimidad en espacios públicos y por atentar contra el derecho a la imagen: de 365 denuncias en 2008, se pasó a 721 en 2009. Y una sanción por infracción contra las leyes de protección de datos es poca cosa, precisamente: la más leve son 6.000 euros. Y pueden llegar hasta los 600.000 (100 millones de las antiguas pesetas) en casos muy graves.
Demanda disparada
El incremento de la delincuencia (actualmente en niveles históricos en la provincia de Jaén) y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías han disparado la demanda de sistemas de videovigilancia. Lo confirman las estadísticas de la AEPD, en las que sólo se contemplan los sistemas dados de alta y legalmente registrados. La cifra se ha duplicado entre el 31 de mayo de 2009, cuando había 197 ficheros datos de alta, y el 31 de mayo pasado, cuando alcanzaban ya los 611. Las altas corresponden a sistemas de videovigilancia completos (cada uno puede tener muchas cámaras). El incremento de la oferta ilegal es, por su propia naturaleza, incontrolable.
¿Quién contrata sistemas de videovigilancia? «Todo tipo de negocios, desde empresas de polígonos industriales, naves, talleres, tiendas...», aseguran los instaladores consultados. Según datos de la AEPD, un tercio de los sistemas se instala en comercios. Los siguientes sectores en demanda en el sector privado son el turismo y la hostelería, las comunidades de propietarios y las empresas de construcción. En el Cuerpo Nacional de Policía indican además que hay sectores que por la actividad que realizan están obligados a tener estas medidas de seguridad (como bancos o joyerías).
El sector público también se ha apuntado a la moda de la videovigilancia. Especialmente en el sector de la sanidad (a nivel global en toda España, el cuarto con más ficheros inscritos en el registro de la AEPD). Según datos de la delegación provincial de Salud en Jaén, a finales del año pasado había sistemas de cámaras instalados en centros de salud y hospitales. A día de hoy hay ya 87. Junto a otros sistemas, como timbres antipánico, forman parte de la respuesta de la administración a la escalada de agresiones contra personal sanitario que se venía registrando en los últimos años.
Los datos de la AEPD confirman que la demanda es, sin embargo, mayoritariamente privada: de los 611 ficheros inscritos, sólo 4 son de titularidad pública. La respuesta que encuentran los profesionales es que el alta la da la misma empresa que instala las cámaras y los sistemas de grabación y que se encarga a su vez de gestionarlo todo (desde el papeleo hasta el control de las imágenes). «Lo hacemos todo. Damos de alta al cliente en Protección de datos, lo declaramos a la Policía. todo», dicen los instaladores.
Los precios tampoco son prohibitivos. Actualmente en Jaén hay empresas como Alartec que por 999 euros instalan un sistema de cuatro cámaras con vídeo grabación de 250 gigas y transmisión de datos para que el cliente pueda ver lo que pasa en su empresa desde el ordenador portátil o desde su teléfono móvil.
«Las cámaras funcionan. Tienen un carácter disuasorio. En diez años con ellas a nosotros nos robaron sólo una vez. La Policía nos dijo que seguramente kosovares, muy preparados, que pudieron desconectarlas. Eso sí, fue hace años,cuando todo iba por la línea telefónica. Ahora los sistemas son mejores», dice un empresario con un importante negocio aislado en el extra radio de Jaén.
En calles comerciales
Las cámaras de vigilancia llegarán además, y por primera vez en la provincia, a una calle comercial. Cámaras controladas por la Policía Local para garantizar la seguridad en la zona. Un sistema con ocho terminales que serán instaladas en los próximos días.
Las cámaras forman parte de las obras de remodelación de las calles comerciales, a la que se han destinado unos 600.000 euros financiados gracias a una línea de ayudas de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía para mejorar el urbanismo comercial.
Según el Consistorio jienense, se hará a través de la red wi-fi municipal y estará conectado con la Policía Local que, además, será la encargada de determinar los puntos exactos en los que se colocarán las cámaras fijas, tanto en San Clemente y Doctor Civera (conocida también como Espartería), como en su confluencia con otras calles.
«El objetivo que se persigue es incrementar la seguridad en unas vías comerciales muy concurridas», dicen en el Ayuntamietno, al tiempo que indican que la instalación responde a una petición que en su momento hicieron los propios comerciantes de la zona, que en cualquier caso estará debidamente señalizada como videovigilada.
No son las únicas que tiene previsto poner a trabajar el Ayuntamiento, siempre a petición o en colaboración con sectores empresariales. «Está prevista la instalación de cámaras en el nuevo parque empresarial, en el polígono de Los Olivares y en el entorno de la catedral», confirmó la alcaldesa Carmen Peñalver hace pocos meses.
También las habrá en el tranvía. Cámaras con las que la Policía Local podrá controlar las incidencias del trazado. Y no se descarta que para evitar la circulación de vehículos particulares por la Carrera también se ponga videovigilancia..
Fuente: Ideal
Fecha: 13/06/2010
«Hay muchísimo intrusismo. Empresas que no tienen relación con el sector de la seguridad y que están instalando estos sistemas sin control alguno, sin estar homologados, sin altas en la Dirección General de la Policía y en los ficheros de la Ley de Protección de Datos», explica Rafael Sánchez, portavoz de la empresa Alartec. Los datos de la AEPD confirman que los sistemas de grabación 'furtivos' son una de las primeras causas de denuncia y apertura de expediente sancionador. De hecho, a nivel nacional, la videovigilancia es el sector donde más han crecido las denuncias por invasión de la intimidad en espacios públicos y por atentar contra el derecho a la imagen: de 365 denuncias en 2008, se pasó a 721 en 2009. Y una sanción por infracción contra las leyes de protección de datos es poca cosa, precisamente: la más leve son 6.000 euros. Y pueden llegar hasta los 600.000 (100 millones de las antiguas pesetas) en casos muy graves.
Demanda disparada
El incremento de la delincuencia (actualmente en niveles históricos en la provincia de Jaén) y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías han disparado la demanda de sistemas de videovigilancia. Lo confirman las estadísticas de la AEPD, en las que sólo se contemplan los sistemas dados de alta y legalmente registrados. La cifra se ha duplicado entre el 31 de mayo de 2009, cuando había 197 ficheros datos de alta, y el 31 de mayo pasado, cuando alcanzaban ya los 611. Las altas corresponden a sistemas de videovigilancia completos (cada uno puede tener muchas cámaras). El incremento de la oferta ilegal es, por su propia naturaleza, incontrolable.
¿Quién contrata sistemas de videovigilancia? «Todo tipo de negocios, desde empresas de polígonos industriales, naves, talleres, tiendas...», aseguran los instaladores consultados. Según datos de la AEPD, un tercio de los sistemas se instala en comercios. Los siguientes sectores en demanda en el sector privado son el turismo y la hostelería, las comunidades de propietarios y las empresas de construcción. En el Cuerpo Nacional de Policía indican además que hay sectores que por la actividad que realizan están obligados a tener estas medidas de seguridad (como bancos o joyerías).
El sector público también se ha apuntado a la moda de la videovigilancia. Especialmente en el sector de la sanidad (a nivel global en toda España, el cuarto con más ficheros inscritos en el registro de la AEPD). Según datos de la delegación provincial de Salud en Jaén, a finales del año pasado había sistemas de cámaras instalados en centros de salud y hospitales. A día de hoy hay ya 87. Junto a otros sistemas, como timbres antipánico, forman parte de la respuesta de la administración a la escalada de agresiones contra personal sanitario que se venía registrando en los últimos años.
Los datos de la AEPD confirman que la demanda es, sin embargo, mayoritariamente privada: de los 611 ficheros inscritos, sólo 4 son de titularidad pública. La respuesta que encuentran los profesionales es que el alta la da la misma empresa que instala las cámaras y los sistemas de grabación y que se encarga a su vez de gestionarlo todo (desde el papeleo hasta el control de las imágenes). «Lo hacemos todo. Damos de alta al cliente en Protección de datos, lo declaramos a la Policía. todo», dicen los instaladores.
Los precios tampoco son prohibitivos. Actualmente en Jaén hay empresas como Alartec que por 999 euros instalan un sistema de cuatro cámaras con vídeo grabación de 250 gigas y transmisión de datos para que el cliente pueda ver lo que pasa en su empresa desde el ordenador portátil o desde su teléfono móvil.
«Las cámaras funcionan. Tienen un carácter disuasorio. En diez años con ellas a nosotros nos robaron sólo una vez. La Policía nos dijo que seguramente kosovares, muy preparados, que pudieron desconectarlas. Eso sí, fue hace años,cuando todo iba por la línea telefónica. Ahora los sistemas son mejores», dice un empresario con un importante negocio aislado en el extra radio de Jaén.
En calles comerciales
Las cámaras de vigilancia llegarán además, y por primera vez en la provincia, a una calle comercial. Cámaras controladas por la Policía Local para garantizar la seguridad en la zona. Un sistema con ocho terminales que serán instaladas en los próximos días.
Las cámaras forman parte de las obras de remodelación de las calles comerciales, a la que se han destinado unos 600.000 euros financiados gracias a una línea de ayudas de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía para mejorar el urbanismo comercial.
Según el Consistorio jienense, se hará a través de la red wi-fi municipal y estará conectado con la Policía Local que, además, será la encargada de determinar los puntos exactos en los que se colocarán las cámaras fijas, tanto en San Clemente y Doctor Civera (conocida también como Espartería), como en su confluencia con otras calles.
«El objetivo que se persigue es incrementar la seguridad en unas vías comerciales muy concurridas», dicen en el Ayuntamietno, al tiempo que indican que la instalación responde a una petición que en su momento hicieron los propios comerciantes de la zona, que en cualquier caso estará debidamente señalizada como videovigilada.
No son las únicas que tiene previsto poner a trabajar el Ayuntamiento, siempre a petición o en colaboración con sectores empresariales. «Está prevista la instalación de cámaras en el nuevo parque empresarial, en el polígono de Los Olivares y en el entorno de la catedral», confirmó la alcaldesa Carmen Peñalver hace pocos meses.
También las habrá en el tranvía. Cámaras con las que la Policía Local podrá controlar las incidencias del trazado. Y no se descarta que para evitar la circulación de vehículos particulares por la Carrera también se ponga videovigilancia..
Fuente: Ideal
Fecha: 13/06/2010
Tres jienenses denuncian cada mes la violación de sus datos personales
Treinta y siete personas, a una media de tres al mes, denunciaron la violación de su datos personales durante 2009 ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD en la provincia de Jaén, según informa el organismo público en su última memoria anual, en la que refleja además que la Agencia abrió en Jaén un total de 3 expedientes sancionadores como consecuencia de las denuncias. En toda España culminaron 621 de estos expedientes sancionadores.
Además, dieciséis personas acudieron desde Jaén a la Agencia durante 2009 para pedir la tutela de sus derechos. Esto es: que la AEPD se encargase de garantizar que sus datos personales iban a ser retirados del lugar donde se encontraban expuestos sin su consentimiento.
Según la memoria anual de la Agencia, los españoles presentaron 4.136 quejas ante la administración, lo que supone un incremento de un 75% con respecto a 2008. El número de solicitudes de tutela de derechos (retirada de los datos personales) también aumentó en un 58%. El director de la AEPD, Artemi Rallo, consideró que este gran aumento se debe «al mayor conocimiento» que tienen los ciudadanos sobre sus derechos.
El informe anual destaca que las empresas de telecomunicaciones y las entidades financieras, con 908 y 768 respectivamente, fueron los sectores que más denuncias recibieron. En tercer lugar se situó la videovigilancia, que es el ramo que más ha aumentado.
En cuarto lugar se situaron las administraciones públicas, seguido de la publicidad electrónica. Por otra parte, Rallo comentó de las más de cuatro mil denuncias, se abrieron 709 procedimientos sancionadores, trece puntos más que en el ejercicio anterior.
Casi dos de cada tres consultas que se hacen a la Agencia sobre derechos se refieren as la cancelación de datos que se encuentran expuestos al público, mientras que un 20% se refieren a quién tiene acceso a los mismos.
Internet
La difusión no autorizada de datos personales fue el principal motivo de las 156 investigaciones relacionadas con Internet.
Además, aparecen por primera vez las quejas por el uso indebido de información en las redes sociales (Tuenti y Facebook). El motivo fundamental fue la difusión de fotografías, «sobre todo de grupo en la que alguno de los integrantes no ha dado su aprobación». Las actuaciones restantes se refieren principalmente a difusión de datos en foros o blogs; a portales de vídeo (fundamentalmente Youtube) y a otro tipo de sitios como portales de anuncios y de contactos personales, servicios de correo electrónico.
También se ha intervenido buscadores de personas, portales de contactos que facilitaban públicamente la votación de la imagen física de los usuarios (con usuarios menores de 14 años). Por otra parte, durante el año pasado emergió con fuerza las peticiones de tutelas de derechos ante la AEPD, en relación al derecho al olvido en Internet. En concreto, las solicitudes pidiendo que se cancelen sus datos en de Internet de diversa índole, u oponiéndose a que éstos sean recopilados y difundidos por buscadores de Internet se han incrementado un 200% en 2009, pasando de 18 en 2008 a 57 en 2009 (en 2007 se registraron tan sólo 3).
Respecto a la casuística de las reclamaciones de personas cuyos datos habían sido tratados de forma indebida en la reclamación de deudas, se aprecia como han proliferado las denuncias relacionadas con la inclusión indebida en ficheros de morosos por deudas que eran objeto de reclamación judicial, arbitral o administrativa; o por vulnerar el deber de secreto al intentar cobrar la deuda, divulgando la supuesta cuantía a familiares y allegados para forzar el cobro.
Cabe destacar además, los procedimientos resueltos por la AEPD sancionando, hasta con 420.000 euros en alguno de los casos, a empresas -principalmente de telecomunicaciones- tras comprobar que habían vendido su cartera de deudores a terceras empresas, incluyendo a deudores o deudas inexistentes.
En relación con los procedimientos resueltos relativos a infracciones de las Administraciones Públicas, hay que hacer notar una subida cercana al 13% respecto al año anterior, pasando de 79 a 89. De estos procedimientos, 71 acabaron con una declaración de infracción, principalmente por vulneración del deber de secreto; la falta de medidas de seguridad, (incluidos los hallazgos de documentación accesibles en la vía pública o en la basura), y el tratamiento de datos vulnerando el principio de calidad de los datos.
Las solicitudes de cancelación se refirieron a la cancelación de datos publicados en foros de Internet, la supresión de los datos una vez concluida la prestación de los servicios contratados.
Respecto al derecho de acceso las reclamaciones están relacionadas con el historial clínico de familiar fallecido, la historia clínica que se considera se ha suministrado de manera incompleta o la valoración de solvencia económica.
Fuente: Ideal
Fecha: 13/06/2010
Además, dieciséis personas acudieron desde Jaén a la Agencia durante 2009 para pedir la tutela de sus derechos. Esto es: que la AEPD se encargase de garantizar que sus datos personales iban a ser retirados del lugar donde se encontraban expuestos sin su consentimiento.
Según la memoria anual de la Agencia, los españoles presentaron 4.136 quejas ante la administración, lo que supone un incremento de un 75% con respecto a 2008. El número de solicitudes de tutela de derechos (retirada de los datos personales) también aumentó en un 58%. El director de la AEPD, Artemi Rallo, consideró que este gran aumento se debe «al mayor conocimiento» que tienen los ciudadanos sobre sus derechos.
El informe anual destaca que las empresas de telecomunicaciones y las entidades financieras, con 908 y 768 respectivamente, fueron los sectores que más denuncias recibieron. En tercer lugar se situó la videovigilancia, que es el ramo que más ha aumentado.
En cuarto lugar se situaron las administraciones públicas, seguido de la publicidad electrónica. Por otra parte, Rallo comentó de las más de cuatro mil denuncias, se abrieron 709 procedimientos sancionadores, trece puntos más que en el ejercicio anterior.
Casi dos de cada tres consultas que se hacen a la Agencia sobre derechos se refieren as la cancelación de datos que se encuentran expuestos al público, mientras que un 20% se refieren a quién tiene acceso a los mismos.
Internet
La difusión no autorizada de datos personales fue el principal motivo de las 156 investigaciones relacionadas con Internet.
Además, aparecen por primera vez las quejas por el uso indebido de información en las redes sociales (Tuenti y Facebook). El motivo fundamental fue la difusión de fotografías, «sobre todo de grupo en la que alguno de los integrantes no ha dado su aprobación». Las actuaciones restantes se refieren principalmente a difusión de datos en foros o blogs; a portales de vídeo (fundamentalmente Youtube) y a otro tipo de sitios como portales de anuncios y de contactos personales, servicios de correo electrónico.
También se ha intervenido buscadores de personas, portales de contactos que facilitaban públicamente la votación de la imagen física de los usuarios (con usuarios menores de 14 años). Por otra parte, durante el año pasado emergió con fuerza las peticiones de tutelas de derechos ante la AEPD, en relación al derecho al olvido en Internet. En concreto, las solicitudes pidiendo que se cancelen sus datos en de Internet de diversa índole, u oponiéndose a que éstos sean recopilados y difundidos por buscadores de Internet se han incrementado un 200% en 2009, pasando de 18 en 2008 a 57 en 2009 (en 2007 se registraron tan sólo 3).
Respecto a la casuística de las reclamaciones de personas cuyos datos habían sido tratados de forma indebida en la reclamación de deudas, se aprecia como han proliferado las denuncias relacionadas con la inclusión indebida en ficheros de morosos por deudas que eran objeto de reclamación judicial, arbitral o administrativa; o por vulnerar el deber de secreto al intentar cobrar la deuda, divulgando la supuesta cuantía a familiares y allegados para forzar el cobro.
Cabe destacar además, los procedimientos resueltos por la AEPD sancionando, hasta con 420.000 euros en alguno de los casos, a empresas -principalmente de telecomunicaciones- tras comprobar que habían vendido su cartera de deudores a terceras empresas, incluyendo a deudores o deudas inexistentes.
En relación con los procedimientos resueltos relativos a infracciones de las Administraciones Públicas, hay que hacer notar una subida cercana al 13% respecto al año anterior, pasando de 79 a 89. De estos procedimientos, 71 acabaron con una declaración de infracción, principalmente por vulneración del deber de secreto; la falta de medidas de seguridad, (incluidos los hallazgos de documentación accesibles en la vía pública o en la basura), y el tratamiento de datos vulnerando el principio de calidad de los datos.
Las solicitudes de cancelación se refirieron a la cancelación de datos publicados en foros de Internet, la supresión de los datos una vez concluida la prestación de los servicios contratados.
Respecto al derecho de acceso las reclamaciones están relacionadas con el historial clínico de familiar fallecido, la historia clínica que se considera se ha suministrado de manera incompleta o la valoración de solvencia económica.
Fuente: Ideal
Fecha: 13/06/2010
El celo por la privacidad triplica las quejas ante la agencia de protección de datos
Ficheros publicitarios, bases de datos de empresas o administraciones públicas, cámaras de vigilancia, redes sociales, buscadores de Internet...Y suma y sigue. En la sociedad actual cada vez es más difícil mantener la privacidad. Cada día cualquier ciudadano con una actividad media deja a su paso un reguero de huellas de información personal. Frente a esta pérdida de intimidad, sin embargo, cada vez son más quienes se ponen en jaque y deciden defender su parcela, como revela la última memoria publicada por la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd). Dicho informe indica que en sólo un año se han triplicado las denuncias interpuestas por malagueños ante este organismo, pasando de las 36 registradas en 2008 a las 99 del pasado ejercicio.
Además, durante 2009 la Agencia de Protección de Datos contabilizó once procesos sancionadores abiertos por malagueños y medio centenar de solicitudes de tutela de derechos procedentes de vecinos de la provincia (el doble que en 2008). Las compañías de telecomunicaciones, las entidades financieras, la videovigilancia, las administraciones públicas y las empresas de publicidad electrónica, por este orden, han sido las principales causantes de las quejas presentadas ante el organismo oficial.
Sobre las causas de este incremento de procesos iniciados, la propia AEPD apunta a la creciente concienciación ciudadana acerca de los derechos relacionados con la privacidad. Al respecto, el último barómetro del CIS concluye que el porcentaje de españoles preocupados por la protección de datos y el uso de la información personal alcanza ya al 74,1% de los encuestados.
Cada vez más consultas
Esa inquietud tiene su reflejo en el número de consultas planteadas ante la agencia, que se incrementó en un 33,82% en 2009 hasta rozar las cien mil. Entre las dudas más comunes destacan interrogantes sobre el nivel de seguridad que tienen las imágenes obtenidas por cámaras de videovigilancia, cómo evitar la publicidad indeseada, cómo borrarse de las guías telefónicas o de los ficheros comerciales o qué hacer para desaparecer de una página web.
Internet se ha convertido en este sentido en uno de los principales enemigos de la privacidad de los ciudadanos. Tanto es así que las solicitudes de cancelación de los datos o de oposición al tratamiento de los mismos por los buscadores, aún no siendo muy cuantiosas en valores absolutos, se han incrementado en un 200%. Los expedientes de actuaciones previas iniciados en 2009 relacionados con servicios prestados a través de Internet ascendieron a 156, lo que supone casi un 4% del total.
Fuente: Diario Sur
Fecha: 13/06/2010
Además, durante 2009 la Agencia de Protección de Datos contabilizó once procesos sancionadores abiertos por malagueños y medio centenar de solicitudes de tutela de derechos procedentes de vecinos de la provincia (el doble que en 2008). Las compañías de telecomunicaciones, las entidades financieras, la videovigilancia, las administraciones públicas y las empresas de publicidad electrónica, por este orden, han sido las principales causantes de las quejas presentadas ante el organismo oficial.
Sobre las causas de este incremento de procesos iniciados, la propia AEPD apunta a la creciente concienciación ciudadana acerca de los derechos relacionados con la privacidad. Al respecto, el último barómetro del CIS concluye que el porcentaje de españoles preocupados por la protección de datos y el uso de la información personal alcanza ya al 74,1% de los encuestados.
Cada vez más consultas
Esa inquietud tiene su reflejo en el número de consultas planteadas ante la agencia, que se incrementó en un 33,82% en 2009 hasta rozar las cien mil. Entre las dudas más comunes destacan interrogantes sobre el nivel de seguridad que tienen las imágenes obtenidas por cámaras de videovigilancia, cómo evitar la publicidad indeseada, cómo borrarse de las guías telefónicas o de los ficheros comerciales o qué hacer para desaparecer de una página web.
Internet se ha convertido en este sentido en uno de los principales enemigos de la privacidad de los ciudadanos. Tanto es así que las solicitudes de cancelación de los datos o de oposición al tratamiento de los mismos por los buscadores, aún no siendo muy cuantiosas en valores absolutos, se han incrementado en un 200%. Los expedientes de actuaciones previas iniciados en 2009 relacionados con servicios prestados a través de Internet ascendieron a 156, lo que supone casi un 4% del total.
Fuente: Diario Sur
Fecha: 13/06/2010
Entrevista con Emilio ACED, subdirector de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (APDCM)
n un contexto donde se mantiene el debate entre privacidad y derecho de la información en nuestra sociedad, La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid acaba de presentar la publicación “PRINCIPIOS Y DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Doctrina de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid 2002 - 2009″ “En esta obra la APDCM ha querido recopilar en un único texto, a modo de compendio”, señala Emilio Aced, uno de sus subdirectores, “ el acervo jurídico acumulado por esta Institución en los últimos años, a partir de sus informes jurídicos y sus resoluciones en los que se interpretan los principales conceptos de la normativa de protección de datos personales en relación con las administraciones públicas y demás entes sometidos a su disciplina y control.”Entre estos informes jurídicos, destacan, por ejemplo, la publicación en los medios de prensa de la víctimas del atentado terrorista del 11-M, el uso de la huella dactilar para verificar el horario de los trabajadores, la publicación de datos personales en Boletines Oficiales, la instalación de cámaras de videovigilancia, o la monitorización del correo electrónico por parte del empresario. “Acabamos de firmar un convenio con el Data Privacy Institute, explica Aced. “Se trata de promover en la sociedad un mayor conocimiento del derecho fundamental a la protección de datos personales a través de actuaciones de formación, asesoría e investigación. Creemos que son positivas que existan, como ya lo hay Europa entidades que engloben a los expertos en privacidad”.
Emilio Aced es Licenciado en CC. Matemáticas (Sección de Ciencias de la Computación) por la Universidad Complutense de Madrid, Master en Investigación Operativa por la misma Universidad, Master en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid.Pertenece al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, estando en situación de Excedencia de la Escala de Analistas de la Seguridad Social.
En la actualidad es Subdirector General de Registro de Ficheros y Consultoría de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y con anterioridad desempeñó las labores de Subdirector General de Inspección y Tutela de Derechos en esta misma institución a la que pertenece desde el año 2005.
Durante más de diez años desarrolló su labor profesional en la Agencia Española de Protección de Datos, como Subdirector de la Inspección de Datos y como Adjunto al Director, periodo en el que se ha encargado de la coordinación de las relaciones internacionales de la Agencia, a la que ha representado en distintos foros internacionales entre los que podemos citar el Grupo de Trabajo de Autoridades Europeas de Protección de Datos (Grupo de Trabajo del Artículo 29) y el Comité Consultivo del Convenio 108 del Consejo de Europa. Además, ha sido miembro de las Autoridades Comunes de Control de Schengen, Sistema de Información Aduanero y Europol, de la cual fue Vicepresidente y Presidente.
Además, ha participado y participa como experto en diversos proyectos de la Unión Europea y del Consejo de Europa, habiendo elaborado informes sobre diversos proyectos legislativos en varios países. Asiste regularmente a las Conferencias Europeas e Internacionales de Autoridades de Protección de Datos y es ponente en las mismas y otros eventos nacionales e internacionales sobre esta materia.
Imparte con frecuencia cursos y conferencias sobre asuntos relacionados con la protección de datos personales y ha publicado numerosos trabajos sobre este tema.
Señor Aced, para el que no conozca el organismo autonómico de protección de datos madrileños, ¿qué actividad realiza y cómo se coordina con la Agencia Española de Protección de Datos?
La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (APDCM) realiza numerosas actividades de formación y concienciación en los principios y derechos de protección de datos, tanto para los responsables de ficheros como para los ciudadanos. Además, atiende las denuncias y reclamaciones que presentan las personas que entienden que se han vulnerado sus derechos y, en su caso, sanciona las conductas infractoras o defiende el derecho a acceder a los datos personales o a rectificar o cancelar los erróneos o inadecuados.
La cooperación con la Agencia Española de Protección de Datos siempre ha sido y es intensa y provechosa y la coordinación se produce en varios ámbitos y niveles: desde los cauces formales para la necesaria comunicación institucional entre ambas hasta el diálogo más informal entre los miembros de las dos autoridades y las tareas y actividades conjuntas y compartidas en los diversos grupos de trabajo en los que participan todas las agencias de protección de datos españolas.
En un momento como el actual, donde se cumplen los primeros dos años del Reglamento que da vida a la LOPD, ¿que valoración puede hacer de la misma?
La LOPD supuso la adecuación de la legislación española, que databa del año 1992, a los preceptos de la Directiva europea de Protección de Datos y, por lo tanto, significó la adopción por parte de España de los altos estándares de protección de datos de la Unión Europea y, por ello, el juicio sobre la misma solo puede ser positivo ya que alineó nuestro sistema de protección de datos con los estándares más elevados del mundo. Además, dentro de dichos estándares, hay que hacer notar que la ley española es una de las normas europeas e internacionales que más garantías otorga a las personas cuyos datos se procesan.
En relación con el Reglamento de desarrollo de la LOPD, aunque como toda norma jurídica pueda tener aspectos mejorables, en conjunto, su aportación ha sido muy positiva y ha mejorado la seguridad jurídica de las tareas que llevan a cabo los responsables de tratamiento y al ejercicio de sus derechos por parte de los ciudadanos.
Su entidad acaba de publicar una monografía, Principios y Derechos de Protección de Datos Personales, ¿qué hueco han pretendido cubrir con la aparición de esta publicación?
Desde su fundación en 1997 la APDCM ha venido desarrollando una ingente labor de asesoramiento a los responsables de ficheros de las AA.PP. de la Comunidad de Madrid: regional, local, universitaria y corporaciones de derecho público. A lo largo de estos años la Agencia ha tenido ocasión de pronunciarse sobre numerosísimas cuestiones que preocupan a los responsables de ficheros, profesionales y estudiosos de la materia. El libro “Principios y Derechos de Protección de Datos Personales” presenta de una manera sistemática y organizada en base a los principios y derechos de la ley lo más relevante de este corpus doctrinal y, de esta manera, proporciona una herramienta que creemos puede resultar muy valiosa como elemento de referencia a la hora de tomar decisiones y buscar soluciones a los problemas de gestión de una manera compatible y respetuosa con la privacidad de las personas.
El DPI firma un convenio de colaboración con su entidad, ¿podría comentarnos cuáles son los términos del acuerdo? ¿Qué opinión le merece que exista una entidad que reúna a los expertos en privacidad? ¿Hay algún antecedente europeo en estos temas?
La finalidad del convenio es establecer líneas eficaces de colaboración entre la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y el Data Privacy Institute con el objetivo de promover en la sociedad un mayor conocimiento del derecho fundamental a la protección de datos personales a través de actuaciones de formación, asesoría e investigación.
Sobre la existencia de entidades que aglutinen a los expertos en privacidad, la APDCM considera que son muy positivas tanto para la formación de profesionales cualificados como para la difusión de los principios de protección de datos en la sociedad y el establecimiento de estándares de cualificación que ayuden a crear un mercado cada vez más transparente en la provisión de servicios de privacidad.
En Europa existen diversas asociaciones que agrupan a las personas encargadas de protección de datos (Data Protection Officials, según su denominación estándar internacional) y asesores jurídicos de compañías multinacionales tales como EPON (European Privacy Officers Network) o EPOF (European Privacy Officers Forum). Con un carácter más general existe la International Privacy Professionals Association (IAPP) que agrupa a expertos y profesionales de privacidad de todo el mundo.
Cuando los expertos hablan de adoptar un marco global que facilite la protección de datos de carácter personal a nivel mundial, ¿es realmente un objetivo o un ideal?
Desde mi punto de vista, es una necesidad imperiosa. Si queremos que las personas se sientan protegidas y con sus derechos salvaguardados en la sociedad de la información global en la que vivimos –y la confianza es uno de los pilares capitales para el desarrollo del comercio, la e-Administración y los servicios en la Red- es imprescindible que se logre un acuerdo sobre los elementos básicos que regulan el tratamiento de los datos personales en cualquier lugar del mundo, incluyendo mecanismos eficaces de supervisión que los ciudadanos puedan invocar cuando entiendan que sus derechos han sido vulnerados y, en última instancia, para que sean capaces de obtener reparaciones a los daños que una utilización ilegítima de sus datos les haya podido causar.
Sobre la certificación que ha puesto en marcha la DPI, la Certified Data Privacy ¿cómo cree que debería implantarse en nuestro país? ¿Realmente hay mucha piratería de falsos expertos en protección de datos?
Las certificaciones son elementos muy útiles para dotar de transparencia al mercado y para ayudar en el proceso de toma de decisiones cuando de contratar los servicios de un profesional de la protección de datos se trata. Por ello, la Certified Data Privacy, así como otras que puedan coexistir con ella, si se establecen con criterios rigurosos y se gestionan con la debida seriedad –como sin duda es el caso de la CDP- pueden prestar un gran servicio para crear un mercado de sana competencia en el que haya elementos objetivos para decidir sobre la cualificación de los profesionales que operan en el mercado.
Por otra parte, no corresponde a las autoridades de control pronunciarse sobre la calidad de los servicios ofertados por unas u otras compañías. Son los responsables de ficheros los que han de valorar si un profesional satisface o no sus expectativas o los requisitos mínimos para realizar una labor adecuada.
¿Cuál es la clave de una buena política de seguridad en una empresa o institución y qué papel juega el asesor jurídico dentro de la misma?
La implantación de una buena política de seguridad se basa en la puesta en marcha de un conjunto de acciones, técnicas, legales y organizativas, que cooperan entre ellas para minimizar los riesgos de sufrir un incidente de seguridad. Pero, sin ninguna duda, el componente crucial para implantar una seguridad adecuada es el compromiso y el liderazgo de la dirección de la organización. Sin este respaldo, por muy buenos medios técnicos y cuantiosas inversiones que se realicen, por muy preparados y dedicados que sean los profesionales jurídicos y técnicos de la misma, no se conseguirá que la actitud correcta impregne a todos los estamentos de la organización.
Hablar de privacidad implica hacerlo de Internet, ¿qué medidas deberían tomar las redes sociales más conocidas para mejorar su política de protección de datos?
Recientemente, el Grupo de Trabajo europeo de Autoridades de Protección de Datos ha aprobado un documento analizando distintos aspectos de los tratamientos de datos personales que llevan a cabo las redes sociales y entre sus conclusiones principales figuraba la necesidad de que las mismas proporcionen información clara y completa a sus usuarios sobre la identidad del responsable, los tratamientos de datos que se realizan y su finalidad así como los posibles riesgos para la privacidad.
Igualmente, se les requería que, por defecto, se establecieran parámetros respetuosos con la privacidad, que se incluyera un enlace en la página inicial a un gestor de reclamaciones de privacidad, que se ajustara la actividad comercial a la normativa de protección de datos, que se establecieran plazos máximos de conservación de datos de usuarios inactivos y se garantizara la supresión de cuentas abandonadas.
Del mismo modo, también se pedían medidas especiales en relación con los menores -especialmente en la verificación de la edad-, la garantía de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición así como un sistema sencillo de tratamiento de quejas y reclamaciones.
Finalmente, a los usuarios se les recomienda que no introduzcan información de terceros sin el consentimiento de los mismos.
¿Cree que la indexación de los perfiles por parte de los buscadores es un elemento que habría que evitar por ser un riesgo evidente?
Siguiendo con la lógica expuesta en la pregunta anterior, la situación deseable sería que, por defecto, los perfiles creados en las redes sociales no fueran indexados por los buscadores y solo en el caso de que un usuario explícitamente así lo pidiera se produjera dicha indexación.
¿De qué manera se podrían controlar las posibles suplantaciones de usuarios y el exceso de información que el usuario incluye en su perfil personal?
La mejor herramienta para conseguir unos usuarios más conscientes de los riesgos que para su privacidad pueden tener los tratamientos que se llevan a cabo en las redes sociales es la formación y la concienciación de los mismos para que puedan tomar decisiones informadas acerca de qué información comparten y con quién lo hacen y, en este empeño, la labor de los medios de comunicación es imprescindible para hacer llegar este mensaje a todos los ciudadanos.
Por su parte, las redes sociales deben también contribuir adoptando las políticas que he mencionado en otras respuestas e intentando poner en marcha mecanismos para dar respuesta rápida a los casos de suplantación de personalidad que se producen.
Por último, ¿hay alguna forma de romper o equilibrar el binomio, protección de datos con libertad de información?
Tanto la libertad de información como la protección de datos son derechos constitucionales de todos los ciudadanos pero, como el resto de derechos, no son absolutos y, cuando se enfrentan, ha de buscarse el equilibrio adecuado para que ambos puedan subsistir y ninguno de ellos se vacíe de contenido. En esta labor, la tarea de las autoridades de protección de datos es de capital importancia ya que son las llamadas a establecer los criterios iniciales relativos a lo que debe ceder el derecho a la protección de datos en cada caso y, para ello, tener muy en cuenta la jurisprudencia de los Altos Tribunales para guiarlas en esa tarea. Y, por supuesto, como últimos garantes de los derechos de los ciudadanos, ante el caso de discrepancias insalvables entre las partes, serán los tribunales de justicia los llamados a encontrar este equilibrio.
Fuente: Diario Jurídico
Fecha: 13/06/2010
Emilio Aced es Licenciado en CC. Matemáticas (Sección de Ciencias de la Computación) por la Universidad Complutense de Madrid, Master en Investigación Operativa por la misma Universidad, Master en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid.Pertenece al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, estando en situación de Excedencia de la Escala de Analistas de la Seguridad Social.
En la actualidad es Subdirector General de Registro de Ficheros y Consultoría de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y con anterioridad desempeñó las labores de Subdirector General de Inspección y Tutela de Derechos en esta misma institución a la que pertenece desde el año 2005.
Durante más de diez años desarrolló su labor profesional en la Agencia Española de Protección de Datos, como Subdirector de la Inspección de Datos y como Adjunto al Director, periodo en el que se ha encargado de la coordinación de las relaciones internacionales de la Agencia, a la que ha representado en distintos foros internacionales entre los que podemos citar el Grupo de Trabajo de Autoridades Europeas de Protección de Datos (Grupo de Trabajo del Artículo 29) y el Comité Consultivo del Convenio 108 del Consejo de Europa. Además, ha sido miembro de las Autoridades Comunes de Control de Schengen, Sistema de Información Aduanero y Europol, de la cual fue Vicepresidente y Presidente.
Además, ha participado y participa como experto en diversos proyectos de la Unión Europea y del Consejo de Europa, habiendo elaborado informes sobre diversos proyectos legislativos en varios países. Asiste regularmente a las Conferencias Europeas e Internacionales de Autoridades de Protección de Datos y es ponente en las mismas y otros eventos nacionales e internacionales sobre esta materia.
Imparte con frecuencia cursos y conferencias sobre asuntos relacionados con la protección de datos personales y ha publicado numerosos trabajos sobre este tema.
Señor Aced, para el que no conozca el organismo autonómico de protección de datos madrileños, ¿qué actividad realiza y cómo se coordina con la Agencia Española de Protección de Datos?
La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (APDCM) realiza numerosas actividades de formación y concienciación en los principios y derechos de protección de datos, tanto para los responsables de ficheros como para los ciudadanos. Además, atiende las denuncias y reclamaciones que presentan las personas que entienden que se han vulnerado sus derechos y, en su caso, sanciona las conductas infractoras o defiende el derecho a acceder a los datos personales o a rectificar o cancelar los erróneos o inadecuados.
La cooperación con la Agencia Española de Protección de Datos siempre ha sido y es intensa y provechosa y la coordinación se produce en varios ámbitos y niveles: desde los cauces formales para la necesaria comunicación institucional entre ambas hasta el diálogo más informal entre los miembros de las dos autoridades y las tareas y actividades conjuntas y compartidas en los diversos grupos de trabajo en los que participan todas las agencias de protección de datos españolas.
En un momento como el actual, donde se cumplen los primeros dos años del Reglamento que da vida a la LOPD, ¿que valoración puede hacer de la misma?
La LOPD supuso la adecuación de la legislación española, que databa del año 1992, a los preceptos de la Directiva europea de Protección de Datos y, por lo tanto, significó la adopción por parte de España de los altos estándares de protección de datos de la Unión Europea y, por ello, el juicio sobre la misma solo puede ser positivo ya que alineó nuestro sistema de protección de datos con los estándares más elevados del mundo. Además, dentro de dichos estándares, hay que hacer notar que la ley española es una de las normas europeas e internacionales que más garantías otorga a las personas cuyos datos se procesan.
En relación con el Reglamento de desarrollo de la LOPD, aunque como toda norma jurídica pueda tener aspectos mejorables, en conjunto, su aportación ha sido muy positiva y ha mejorado la seguridad jurídica de las tareas que llevan a cabo los responsables de tratamiento y al ejercicio de sus derechos por parte de los ciudadanos.
Su entidad acaba de publicar una monografía, Principios y Derechos de Protección de Datos Personales, ¿qué hueco han pretendido cubrir con la aparición de esta publicación?
Desde su fundación en 1997 la APDCM ha venido desarrollando una ingente labor de asesoramiento a los responsables de ficheros de las AA.PP. de la Comunidad de Madrid: regional, local, universitaria y corporaciones de derecho público. A lo largo de estos años la Agencia ha tenido ocasión de pronunciarse sobre numerosísimas cuestiones que preocupan a los responsables de ficheros, profesionales y estudiosos de la materia. El libro “Principios y Derechos de Protección de Datos Personales” presenta de una manera sistemática y organizada en base a los principios y derechos de la ley lo más relevante de este corpus doctrinal y, de esta manera, proporciona una herramienta que creemos puede resultar muy valiosa como elemento de referencia a la hora de tomar decisiones y buscar soluciones a los problemas de gestión de una manera compatible y respetuosa con la privacidad de las personas.
El DPI firma un convenio de colaboración con su entidad, ¿podría comentarnos cuáles son los términos del acuerdo? ¿Qué opinión le merece que exista una entidad que reúna a los expertos en privacidad? ¿Hay algún antecedente europeo en estos temas?
La finalidad del convenio es establecer líneas eficaces de colaboración entre la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y el Data Privacy Institute con el objetivo de promover en la sociedad un mayor conocimiento del derecho fundamental a la protección de datos personales a través de actuaciones de formación, asesoría e investigación.
Sobre la existencia de entidades que aglutinen a los expertos en privacidad, la APDCM considera que son muy positivas tanto para la formación de profesionales cualificados como para la difusión de los principios de protección de datos en la sociedad y el establecimiento de estándares de cualificación que ayuden a crear un mercado cada vez más transparente en la provisión de servicios de privacidad.
En Europa existen diversas asociaciones que agrupan a las personas encargadas de protección de datos (Data Protection Officials, según su denominación estándar internacional) y asesores jurídicos de compañías multinacionales tales como EPON (European Privacy Officers Network) o EPOF (European Privacy Officers Forum). Con un carácter más general existe la International Privacy Professionals Association (IAPP) que agrupa a expertos y profesionales de privacidad de todo el mundo.
Cuando los expertos hablan de adoptar un marco global que facilite la protección de datos de carácter personal a nivel mundial, ¿es realmente un objetivo o un ideal?
Desde mi punto de vista, es una necesidad imperiosa. Si queremos que las personas se sientan protegidas y con sus derechos salvaguardados en la sociedad de la información global en la que vivimos –y la confianza es uno de los pilares capitales para el desarrollo del comercio, la e-Administración y los servicios en la Red- es imprescindible que se logre un acuerdo sobre los elementos básicos que regulan el tratamiento de los datos personales en cualquier lugar del mundo, incluyendo mecanismos eficaces de supervisión que los ciudadanos puedan invocar cuando entiendan que sus derechos han sido vulnerados y, en última instancia, para que sean capaces de obtener reparaciones a los daños que una utilización ilegítima de sus datos les haya podido causar.
Sobre la certificación que ha puesto en marcha la DPI, la Certified Data Privacy ¿cómo cree que debería implantarse en nuestro país? ¿Realmente hay mucha piratería de falsos expertos en protección de datos?
Las certificaciones son elementos muy útiles para dotar de transparencia al mercado y para ayudar en el proceso de toma de decisiones cuando de contratar los servicios de un profesional de la protección de datos se trata. Por ello, la Certified Data Privacy, así como otras que puedan coexistir con ella, si se establecen con criterios rigurosos y se gestionan con la debida seriedad –como sin duda es el caso de la CDP- pueden prestar un gran servicio para crear un mercado de sana competencia en el que haya elementos objetivos para decidir sobre la cualificación de los profesionales que operan en el mercado.
Por otra parte, no corresponde a las autoridades de control pronunciarse sobre la calidad de los servicios ofertados por unas u otras compañías. Son los responsables de ficheros los que han de valorar si un profesional satisface o no sus expectativas o los requisitos mínimos para realizar una labor adecuada.
¿Cuál es la clave de una buena política de seguridad en una empresa o institución y qué papel juega el asesor jurídico dentro de la misma?
La implantación de una buena política de seguridad se basa en la puesta en marcha de un conjunto de acciones, técnicas, legales y organizativas, que cooperan entre ellas para minimizar los riesgos de sufrir un incidente de seguridad. Pero, sin ninguna duda, el componente crucial para implantar una seguridad adecuada es el compromiso y el liderazgo de la dirección de la organización. Sin este respaldo, por muy buenos medios técnicos y cuantiosas inversiones que se realicen, por muy preparados y dedicados que sean los profesionales jurídicos y técnicos de la misma, no se conseguirá que la actitud correcta impregne a todos los estamentos de la organización.
Hablar de privacidad implica hacerlo de Internet, ¿qué medidas deberían tomar las redes sociales más conocidas para mejorar su política de protección de datos?
Recientemente, el Grupo de Trabajo europeo de Autoridades de Protección de Datos ha aprobado un documento analizando distintos aspectos de los tratamientos de datos personales que llevan a cabo las redes sociales y entre sus conclusiones principales figuraba la necesidad de que las mismas proporcionen información clara y completa a sus usuarios sobre la identidad del responsable, los tratamientos de datos que se realizan y su finalidad así como los posibles riesgos para la privacidad.
Igualmente, se les requería que, por defecto, se establecieran parámetros respetuosos con la privacidad, que se incluyera un enlace en la página inicial a un gestor de reclamaciones de privacidad, que se ajustara la actividad comercial a la normativa de protección de datos, que se establecieran plazos máximos de conservación de datos de usuarios inactivos y se garantizara la supresión de cuentas abandonadas.
Del mismo modo, también se pedían medidas especiales en relación con los menores -especialmente en la verificación de la edad-, la garantía de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición así como un sistema sencillo de tratamiento de quejas y reclamaciones.
Finalmente, a los usuarios se les recomienda que no introduzcan información de terceros sin el consentimiento de los mismos.
¿Cree que la indexación de los perfiles por parte de los buscadores es un elemento que habría que evitar por ser un riesgo evidente?
Siguiendo con la lógica expuesta en la pregunta anterior, la situación deseable sería que, por defecto, los perfiles creados en las redes sociales no fueran indexados por los buscadores y solo en el caso de que un usuario explícitamente así lo pidiera se produjera dicha indexación.
¿De qué manera se podrían controlar las posibles suplantaciones de usuarios y el exceso de información que el usuario incluye en su perfil personal?
La mejor herramienta para conseguir unos usuarios más conscientes de los riesgos que para su privacidad pueden tener los tratamientos que se llevan a cabo en las redes sociales es la formación y la concienciación de los mismos para que puedan tomar decisiones informadas acerca de qué información comparten y con quién lo hacen y, en este empeño, la labor de los medios de comunicación es imprescindible para hacer llegar este mensaje a todos los ciudadanos.
Por su parte, las redes sociales deben también contribuir adoptando las políticas que he mencionado en otras respuestas e intentando poner en marcha mecanismos para dar respuesta rápida a los casos de suplantación de personalidad que se producen.
Por último, ¿hay alguna forma de romper o equilibrar el binomio, protección de datos con libertad de información?
Tanto la libertad de información como la protección de datos son derechos constitucionales de todos los ciudadanos pero, como el resto de derechos, no son absolutos y, cuando se enfrentan, ha de buscarse el equilibrio adecuado para que ambos puedan subsistir y ninguno de ellos se vacíe de contenido. En esta labor, la tarea de las autoridades de protección de datos es de capital importancia ya que son las llamadas a establecer los criterios iniciales relativos a lo que debe ceder el derecho a la protección de datos en cada caso y, para ello, tener muy en cuenta la jurisprudencia de los Altos Tribunales para guiarlas en esa tarea. Y, por supuesto, como últimos garantes de los derechos de los ciudadanos, ante el caso de discrepancias insalvables entre las partes, serán los tribunales de justicia los llamados a encontrar este equilibrio.
Fuente: Diario Jurídico
Fecha: 13/06/2010
martes, 1 de junio de 2010
Denuncian el uso de programas expía en el Concello de Pazos de Borbén
CC.OO. ha denunciado ante la Inspección Provincial de Trabajo de Pontevedra y la Agencia Española de Protección de Datos la utilización de programas expía para controlar la actividad de algunos trabajadores municipales de Pazos de Borbén.
El sindicato denuncia que en de diciembre el Concello de Pazos de Borbén puso en conocimiento de los trabajadores a través de una circular interna las normas de uso de la red informática municipal pero lo que no dijo a los trabajadores es que «esta empresa ha instalado programas expía, prohibidos por la normativa, para controlar la actividad de algunos o todos los trabajadores».
Estos programas expía envían todos los correos de los trabajadores, ya fuesen relacionados con el trabajo o particulares, a determinados ordenadores de algunos funcionarios del Concello y probablemente de la empresa contratada, siempre dentro de la utilización autorizada por la circular interna. «De todo esto, entendemos que es conocedor el alcalde y al menos el equipo de gobierno, y de ser conocedor no entendemos como no ha puesto fin a esta práctica, ya que se trata de una intromisión a la intimidad de las personas y de los trabajadores», asegura Jerónimo Fernández, responsable de Administración Local del sindicato en Vigo, que además califica los hechos como «muy graves»
Fuente: La Voz de Galicia
Fecha: 01/06/2010
El sindicato denuncia que en de diciembre el Concello de Pazos de Borbén puso en conocimiento de los trabajadores a través de una circular interna las normas de uso de la red informática municipal pero lo que no dijo a los trabajadores es que «esta empresa ha instalado programas expía, prohibidos por la normativa, para controlar la actividad de algunos o todos los trabajadores».
Estos programas expía envían todos los correos de los trabajadores, ya fuesen relacionados con el trabajo o particulares, a determinados ordenadores de algunos funcionarios del Concello y probablemente de la empresa contratada, siempre dentro de la utilización autorizada por la circular interna. «De todo esto, entendemos que es conocedor el alcalde y al menos el equipo de gobierno, y de ser conocedor no entendemos como no ha puesto fin a esta práctica, ya que se trata de una intromisión a la intimidad de las personas y de los trabajadores», asegura Jerónimo Fernández, responsable de Administración Local del sindicato en Vigo, que además califica los hechos como «muy graves»
Fuente: La Voz de Galicia
Fecha: 01/06/2010
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