Los hospitales gallegos obvian la protección de datos

Uno de cada tres hospitales españoles no cumple con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que obliga a implantar medidas de seguridad y confidencialidad de la información sanitaria y las historias clínicas de los pacientes, según los resultados de un estudio de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El mismo informe advierte de que Galicia se encuentra entre las comunidades que menos incluyen clausulas sobre el destino de las referencias que se le piden a los pacientes.

La inclusión de la cláusula informativa en los formularios de recogida de datos de los pacientes es particularmente baja en los hospitales públicos de Aragón (5%), Castilla y León (23%), Asturias (25%), Canarias (27%) y Galicia (32%).

Para esta investigación se ha requerido información a más de 600 hospitales públicos y privados registrados en el Catálogo Nacional de Hospitales. De este modo, se incluyeron centros todas las comunidades autónomas salvo Cataluña y Madrid y el País Vasco, donde solo participaron hospitales privados.

Un total de 562 centros hospitalarios accedieron a facilitar los datos demandados por la AEPD y, de estos, 202 presentaron “deficiencias de cumplimiento” en algún punto de la ley, que deberán “subsanar” en un plazo máximo de seis meses para no volver a ser apercibidos.



LOS PRIVADOS, MEJOR

La investigación muestra cómo el grado de incumplimiento de la normativa española de protección de datos es mayor en los centros públicos, ya que de los 268 hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS) analizados más de la mitad (159) deberán hacer correcciones.

De este modo, el 30% de los centros de titularidad autonómica analizados no dispone de medidas para evitar la sustracción, pérdida o acceso indebido a las historias clínicas de los pacientes y hasta el 37% no cuenta con un registro con todos los accesos a la información confidencial de que dispone.

Otro dato “especialmente preocupante”, según el director de la AEPD, Artemi Rallo, es el hecho de que un 66% de los hospitales públicos no realice una auditoría bianual de seguridad como marca la ley, algo que sí hace el 88% de los hospitales privados. En este caso, la situación de la comunidad mejora considerablemente, ya que cumplen con el protocolo más del 90% de los centros.

La normativa actual no establece ningún régimen sancionador de tipo económico para cualquier entidad pública que incumpla con la ley, según explica Rallo, por lo que en estos casos se informa de todas las carencias observadas. Por contra, para los incumplimientos en la sanidad privada la ley establece un régimen sancionador con multas que pueden variar de entre 600 y 600.000 euros.

Fuente: Xornal
Fecha: 15/10/2010